La defensa de Aldama avisa en el Supremo: «La suerte de Ábalos ya se conoce; ahora le toca a Torres y Armengol»

El reputado abogado de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, ha lanzado este miércoles en la Sala Segunda del Tribunal Supremo una advertencia que ha resonado más allá de los muros del tribunal: el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, podrían ser los siguientes en ver comprometida su situación judicial.

«La suerte de Ábalos y Koldo ya se conoce. También se conoce la de Cerdán. Y próximamente se conocerá la suerte de Torres y Armengol», ha declarado Choclán durante su informe final en el juicio del caso Koldo, que ha afrontado este miércoles su decimocuarta sesión.

La alusión no ha sido gratuita. Torres y Armengol presidían las comunidades autónomas de Canarias y Baleares respectivamente durante la pandemia, y ambas regiones adquirieron mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Aldama que está en el epicentro del proceso judicial.

La estrategia central de la defensa de Aldama ha consistido en situar a su cliente como un mero instrumento —un peón— de una estructura corrupta ya plenamente operativa antes de su llegada.

«Aldama no crea ni constituye la organización criminal, se integra», ha subrayado Choclán, que ha apoyado esta tesis en los propios informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los cuales reflejan actividad de Koldo García y del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Navarra desde 2015. «Entabla conversación con funcionarios que ya se encontraban corrompidos», ha insistido el letrado.

En ese relato, Choclán ha situado a Koldo García como el «núcleo central» de la trama, un eje que, según ha sostenido, extendía su influencia mucho más allá del Ministerio de Transportes, alcanzando otras comunidades autónomas y empresas públicas.

Aldama, por el contrario, habría sido captado en noviembre de 2018 precisamente por su perfil y sus contactos internacionales, especialmente con Venezuela, donde mantenía vínculos con el entonces líder opositor Juan Guaidó. «Aldama no ofrece, es el funcionario público el que busca un instrumento», ha explicado Choclán.

El letrado ha descrito además la mecánica de financiación: Aldama canalizaba fondos a la organización a través de empresas contratistas de obra pública, de operaciones inmobiliarias —como el piso en el que vivió la ex amante de Ábalos, Jésica Rodríguez, o el chalé de La Alcaidesa en la costa gaditana— y, según ha insinuado, de aportaciones al propio PSOE.

«Varios de esos fondos se usan para financiar al partido, pero eso se verá en otra pieza», ha anunciado, dejando abierta una línea de investigación que apunta a futuras derivadas judiciales en el caso secreto que instruye la Audiencia Nacional.

La polémica de la atenuante a Aldama

Choclán ha centrado su informe en reclamar para su cliente la atenuante de confesión en su grado más favorable, la denominada muy cualificada, que permitiría a Aldama evitar el ingreso efectivo en prisión.

La Fiscalía pide siete años para el empresario, aunque el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha abierto durante su intervención de esta mañana la puerta a que el tribunal aplique esa rebaja de oficio.

El argumento del letrado ha sido nítido parafraseando precisamente a Luzón: «Tiene que haber un incentivo porque si no, como ha indicado el fiscal, se impondría la ley del silencio. No tendría sentido colaborar».

Ha añadido además que la colaboración de Aldama «ha ensamblado los datos y dado coherencia a la información», permitiendo avanzar no solo en esta causa sino en varias de las piezas abiertas en la Audiencia Nacional derivadas del caso Koldo.

Choclán ha denunciado también lo que ha calificado de «influencias externas» sobre la Fiscalía, en alusión velada a la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de impedir que Luzón modificara formalmente su petición de penas para incluir la atenuante muy cualificada.

«Aldama sabe que asume un rol difícil, no sólo por la asunción de delitos graves, sino por su lucha contra ese aparato estatal», ha aseverado.

Enriquecimiento en pandemia

Antes de que tomara la palabra la defensa de Aldama, el abogado del Partido Popular, Alberto Durán, que encabeza la acusación popular unificada, había dejado algunas de las frases más impactantes de la jornada durante su propio informe final.

Durán había acusado a Ábalos y a Koldo de haberse enriquecido durante la pandemia: «Mientras los ciudadanos morían por millares cada día, un ministro y su fiel escudero llenaban furgonetas y coches oficiales con señoritas y sobrinas»

Ha mencionado «la pieza sensible» del caso que recoge cómo Koldo pagó viajes de acompañantes a viajes oficiales de Ábalos. Desvela que los abogados han decidido «no airear porque es vergonzosa» porque es información «absolutamente escandalosa».

Sobre la ausencia de rastro del dinero, Durán también había sido contundente: «Nadie va a ser tan idiota de tener el dinero en un cajón, en una maleta esperando que vayan a intervenírselo.» Una forma de decir que la falta de pruebas materiales no invalida la tesis de la acusación, sino que forma parte de la lógica misma de cualquier organización criminal.

Con todos los informes presentados, el juicio quedará visto para sentencia. Los siete magistrados de la Sala Segunda tienen ahora la palabra. Y, según la advertencia lanzada hoy por Choclán, el eco de este juicio podría no detenerse en el banquillo donde esta tarde termina de sentarse Ábalos.