El sistema de microcréditos del PSOE: cómo funciona el mecanismo que investiga la UCO

Los 4 millones en microcréditos que el PSOE ingresó durante la pandemia del coronavirus son para la UCO financiación ilegal. La Guardia Civil prepara un informe sobre la financiación de Ferraz que será remitido a la Audiencia Nacional. Los investigadores se centran en los microcréditos aportados por los militantes con los que se financió el PSOE, en los pagos en efectivo que no figuraban en la contabilidad oficial y en cómo determinadas empresas pagaban a personas vinculadas al partido de Pedro Sánchez.

El PSOE dejó fuera del control de sus auditores y del Tribunal de Cuentas el incremento de las donaciones registrado entre 2019 y 2020, precisamente el periodo en el que Víctor de Aldama declaró ante el Supremo haber entregado al partido «más de 1,8 millones de euros en donaciones», lo que sería financiación ilegal.  Las cuentas oficiales del PSOE reflejan que esas aportaciones pasaron de 275.616 euros en 2019 a 837.506 euros en 2020 en unos meses donde se frenó toda la actividad económica.

En paralelo, el sistema de microcréditos del partido acumuló en esos mismos años varios millones más en captación de fondos, también al margen de una supervisión independiente efectiva. La coincidencia entre los datos contables y el testimonio de Aldama ha reabierto con fuerza las sospechas sobre la financiación ilegal del PSOE.

Lagunas en el control de los microcréditos

Aunque en principio esta fórmula de financiación es legal y ha sido empleada por distintas formaciones políticas en España, expertos y organismos fiscalizadores llevan años advirtiendo de las lagunas de control que presenta el modelo.

A diferencia de una donación convencional, un microcrédito se articula jurídicamente como un préstamo. Militantes o simpatizantes entregan pequeñas cantidades de dinero al partido con el compromiso de recuperarlas posteriormente, normalmente con un interés pactado. El objetivo declarado es reducir la dependencia de las entidades bancarias y promover una financiación «participativa» basada en la militancia.

El mecanismo es relativamente sencillo. El PSOE lanza una campaña de captación de fondos y los militantes aportan dinero mediante transferencias bancarias. Ese capital queda registrado contablemente como deuda del partido y suele devolverse una vez recibidas las subvenciones electorales públicas o ingresos posteriores.

La controversia no reside tanto en la existencia del sistema como en sus posibles zonas grises. El Tribunal de Cuentas ha reclamado en repetidas ocasiones una regulación más precisa sobre este tipo de financiación. Entre las principales preocupaciones figuran la necesidad de fijar límites máximos por prestamista, regular los intereses aplicables y reforzar la verificación sobre el origen real de los fondos.

Los investigadores y expertos advierten de que la cuestión clave no es únicamente quién aparece formalmente como prestamista, sino quién aporta realmente el dinero.

Ese punto resulta esencial en cualquier investigación sobre posible financiación irregular. Las pesquisas suelen centrarse en detectar si existen intermediarios, testaferros, fraccionamiento de cantidades o aportaciones realizadas por personas sin capacidad económica suficiente. También se analizan posibles devoluciones encubiertas o circuitos de efectivo destinados a ocultar el origen real de los fondos.