Sánchez deja la SEPI en manos de un técnico salpicado por el sospechoso concurso de Aznalcóllar

El nuevo presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, interventor general de la Junta de Andalucía hasta la fecha, está salpicado por el caso Aznalcóllar, todavía pendiente en los tribunales. Este nombramiento del Gobierno de Pedro Sánchez se ha producido en el seno del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero, exconsejera del ramo del Gobierno andaluz, donde coincidió, por tanto, con Fernández, adscrito a su departamento.

Se da la circunstancia de que Fernández, en relación a su etapa como secretario general de Industria y Energía de la Junta de Andalucía, ha sido objeto de una investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respecto a la adjudicación que se hizo la agrupación empresarial México-Minorbis, participada por la firma cordobesa Magtel, de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar (Sevilla).

Siete imputados

De hecho, la empresa que denunció supuestas irregularidades en el concurso, Emerita Resources, llegó a pedir su imputación en 2015 a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández. La magistrada rechazó incorporarlo a la lista de los todavía imputados -siete cargos y funcionarios de la Junta- al no ver indicios de delitos de presunto amaño. Sin embargo, al mismo tiempo señaló que la actuación del entonces secretario general de Industria del Gobierno andaluz fue «cuestionable».

«Por más cuestionable que pueda resultar que un secretario general realice llamadas ‘para interesarse’ por el curso de un proceso de negociaciones entre empresas privadas llamadas a participar en un concurso público, la evidencia de la llamada no es encuadrable en ningún tipo del Código Penal», señaló la juez en el auto.

La juez que rechazó la imputación de Fernández señaló, sin embargo, que su actuación fue «cuestionable»

Los agentes de la UCO investigaron esa supuesta llamada realizada en abril de 2014 por Vicente Fernández -siendo secretario general de Industria- al presidente de Emerita Resources, la empresa que perdió el concurso, para «interesarse» por la relación entre las dos empresas al haber posibilidad de que integraran sus ofertas.

Según la compañía denunciante, la polémica llamada telefónica de Fernández al presidente de Emerita Resources tuvo lugar después de que éste recibiera una visita del máximo responsable de Magtel -la empresa que resultó ganadora-, quien le transmitió que él tenía «la llave» del concurso, ya que, como prueba de ello, nada más terminar la conversación, iba a llamarle un alto cargo de la Junta, en este caso, el propio Fernández.

La UCO acreditó que tantos los directivos de Magtel como de Emerita Resources «mantuvieron distintos contactos con responsables de la Administración», como, por ejemplo, el entonces secretario general de Industria del Gobierno andaluz, hoy presidente de la SEPI.

15 empresas

Lo que no pudieron constatar los agentes es la realización de esa llamada concreta, ni tampoco «referencias a la citada llamada en las comunicaciones mantenidas pocos días después» entre Vicente Fernández y el presidente de Emerita Resources, «pese a que la comunicación entre ambos era fluida», aseguraron los investigadores.

Ahora, y pese a que el caso Aznalcóllar todavía no se ha dirimido en la Jusitica, Fernández estará al frente de la SEPI, holding cuyo ámbito de actuación abarca 15 empresas de distintos sectores participadas de forma directa y mayoritaria (Correos, Navantia, Tragsa, Cetarsa, Hunosa, Ensa o Enusa, entre otras) con una plantilla final de cerca de 73.000 personas.

Además, la sociedad, que también es accionista de la Corporación RTVE, tiene una fundación pública tutelada y participaciones directas minoritarias en nueve empresas e indirectas en más de cien sociedades.

Nacido en Málaga en 1973, Fernández es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla e ingresó por oposición en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía en 1999. Nombrado a finales de 2012 secretario general de Industria y Energía de la Junta de Andalucía, ha sido también presidente de la Agencia Andaluza de la Energía, Aeropolis y Veiasa. Desde 2016 ocupaba el cargo de interventor general de la Junta de Andalucía.