Rebelión de alcaldes contra Lambán por su plan de catalanización de Aragón

Una veintena de alcaldes de Aragón han remitido una carta al Gobierno de Javier Lambán (PSOE), y en concreto a la Dirección General de Política Lingüística, en la que rechazan la imposición del catalán en sus términos municipales, declarados como «zonas de utilización histórica predominante de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón», entre ellas, el catalán. La iniciativa está circulando por toda la comunidad, con lo que el número de adhesiones podría aumentar.

Los alcaldes ven «completamente inadmisible» que se trate de imponer el catalán como una de las lenguas propias de Aragón.

La misiva, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, es la respuesta a una carta anterior, enviada por el gobierno regional, en la que se informaba a los alcaldes de su plan para la imposición del catalán, como reveló este periódico y se les recordaba que el Estatuto de Autonomía de Aragón “atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno”, además de la potestad en materia de Lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón. Esta carta ocultaba sin embargo la actual Ley de Lenguas, de 2013, actualmente vigente, en la que solo se considera al aragonés como lengua propia, en ningún caso al catalán. 

Leyes de hace 20 años

En su réplica-a la que ha tenido acceso OKDIARIO- los alcaldes denuncian que es «completamente inadmisible y errónea la afirmación que en dicho escrito se hace al decir que el catalán es una de las lenguas propias de las zonas limítrofes con Cataluña» y afirman que «ese no es el sentir mayoritario de la gente que vive en su municipio». Critican, además, que el gobierno regional se remita a leyes de hace veinte años y por tanto»alejadas completamente de la realidad» para justificar su plan.

El ejecutivo aragonés se remite a un acuerdo del Pleno de las Cortes, de 1997, en el que se dice que “el catalán es una de las lenguas propias de las zonas limítrofes con Cataluña”y “se habla en un 11,6 por ciento del territorio de Aragón”.

Además, se basa en el anteproyecto de Ley de Lenguas de Aragón, de 2001, que establece que el castellano es la lengua oficial en toda la comunidad, mientras que el aragonés y el catalán lo serán “en los respectivos territorios predominantes, junto con el castellano», algo que se omite en la carta enviada.

«Refrenden con valentía a la población, a la gente de a pie, a los verdaderamente vulnerados, ya que en ocasiones, y esta es una de ellas, el voto de los dirigentes apoyan una ley u otra según el gobierno de turno e ideologías políticas o filólogos partidistas, lo que trasciende a los hablantes con polémicas innecesarias», exigen los alcaldes.

En defensa del ‘chapurriau’

Los regidores defienden que la modalidad lingüística propia de sus zonas es el denominado ‘chapurriau’, un dialecto despreciado sistemáticamente por el gobierno de Lambán.

Los regidores critican que el plan lingüístico se haya hecho de espaldas y sin consultarles.

«Así se ha denominado durante cientos de años por nuestras generaciones pasadas, y así es como queremos que se siga denominando. Si se impone el catalán, desaparecerá nuestra lengua materna. El chapurriau no es una lengua mal hablada. Es nuestra lengua y nos sentimos orgullosos de su nombre», se reprocha en la carta.

El gobierno aragonés se ha remitido en ocasiones a la definición de este término por parte de la Real Academia Española como aquello que se habla «con dificultad y cometiendo errores».  «Damos por supuesto que son conscientes que el DRAE es un Diccionario de la Lengua Española, no de la Lengua Aragonesa», ironizan los alcaldes, que insisten en rechazar el «catalán» de Aragón porque es una denominación que «ni ha existido ni es aceptada por mi municipio».

En su carta, solicitan finalmente que se mantenga la denominación de ‘chapurriau’ ya que, consideran, sólo así «serán efectivas sus directrices y apoyos desde la Academia. Fomentarán su uso y nos sentiremos respetados todos los hablantes de la misma porque, en definitiva, quien tiene
que decidir sobre ello somos los hablantes , los que usamos el lenguaje». Además, reprochan que «los dirigentes que toman decisiones deberían hablar con la gente afectada y hacer más reuniones en los pueblos para saber lo que hablan y lo que sienten».

«Se les invita a que antes de tomar ninguna determinación se desplacen
personalmente a nuestros Ayuntamientos para recoger la opinión de todos los interesados», concluye la carta.

Impulso al catalán en Aragón

El Gobierno de Aragón ha acelerado en las últimas semanas su plan de imposición lingüística, ultimando la puesta en marcha de la Academia Aragonesa de la Lengua, la institución pública que dará cobertura al Instituto aragonés del catalán y asesorará a la instituciones sobre su uso.

El objetivo de ese organismo es la promoción y desarrollo del aragonés y del catalán, estimulando su uso, enseñanza y difusión, según los estatutos recientemente aprobados. Además, se precisa que el Instituto aragonés del catalán colaborará con las además instituciones académicas de la lengua catalana, lo que abre la posibilidad de establecer convenios con la Generalitat de Cataluña.

En abril, el Parlamento autonómico debatió una proposición no de ley-apoyada por PP y Ciudadanos-en la que se instaba al gobierno a «escuchar a los municipios que potencialmente pueden formar parte de las zonas de utilización histórica predominante de las lenguas aragonesas y sus modalidades, con un plazo amplio y razonable, proporcionándoles información previa sobre lo que supondría y en qué les afectaría, al objeto de saber la opinión de sus habitantes».