El PSOE quiere meter 4 años de cárcel y 15 sin empleo a quien dude de ‘su’ memoria histórica

La proposición de ley del PSOE para la reforma de la ley de Memoria Histórica, que será debatida en los próximos meses, plantea duras sanciones para quienes la incumplan. Entre ellas, penas de hasta cuatro años de cárcel o quince de inhabilitación para el empleo o cargo público para autoridades y funcionarios, y de cuatro años para particulares o profesionales de comunicación.

Así consta en el texto, registrado el pasado diciembre, y que avala una modificación de determinados artículos del Código Penal para «castigar a las autoridades y funcionarios públicos que incumplan esta ley o se nieguen a aplicarla».

«Aunque el espíritu de la ley de Memoria se basa en unos principios humanitarios, el tiempo ha demostrado la necesidad de introducir sanciones y plazos contra todos aquellos que, aún tras 40 años de democracia, no han asumido su deber de cumplimiento con las leyes y la Memoria Histórica», se lamentan los socialistas.

Entre las sanciones más duras están las que afectan a la autoridad o cargo público cuando, «por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado en contra de medidas que supongan la aplicación y desarrollo de leyes o disposiciones normativas de carácter general relativas a la memoria democrática y a la reparación de víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo, resultando en el bloqueo e incumplimiento de las mismas» . En estos casos, podrán ser castigados con penas de prisión de hasta cuatro años e inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante hasta quince años.

‘Censura’ a medios de comunicación

Igualmente, los socialistas quieren incorporar un nuevo punto en el artículo 510 del Código Penal, de forma que se castigue con hasta cuatro años de cárcel quienes «públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las víctimas de la Guerra Civil Española y del franquismo por su condición como tales» o elaboren «escritos o cualquier otra clase de material o soportes» que sean «idóneos» para fomentar esas conductas. En la práctica, un régimen de censura encubierto para medios de comunicación.

También serán sancionados quienes «lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguna de las víctimas» mediante escritos y otros materiales o quienes «enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo, o los delitos que hubieran sido cometidos contra las víctimas de la Guerra Civil Española o del franquismo por su condición como tales, o a quienes hayan participado en su ejecución». En este caso, con hasta dos años de cárcel.

‘Comisión de la Verdad’

Los socialistas basan toda su iniciativa, y las correspondientes sanciones, en una versión de la historia que vendrá determinada por la ‘Comisión de la Verdad’, un «órgano temporal y de carácter no judicial con la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido».

Esta comisión -integrada, entre otros, por juristas, historiadores, expertos en violencia de género o miembros de asociaciones de derechos humanos- se encargará de elaborar un estudio desde el comienzo de la Guerra Civil a la aprobación de la Constitución (1936-1978), a través de la recogida de testimonios y otros materiales y con el objetivo de denunciar «las violaciones a los derechos humanos y la comisión de crímenes de lesa humanidad y de guerra» y contribuir «a la construcción colectiva de la memoria democrática española». Las conclusiones serán remitidas al Congreso de los Diputados para su aprobación y tendrán carácter vinculante. 

Sanciones sin juicio

Aunque se afirma que esa comisión será «independiente» de los poderes públicos, lo cierto es que nace ya muy sesgada por la propia ideología: «la historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silenciamiento de los vencidos», se dice en el preámbulo, que se hace eco, además, del informe del Consejo de Europa, de 2004, sobre el franquismo, que concluye que «Franco acometió una política de represión contra todo individuo susceptible según él de representar una amenaza para el nuevo régimen» o que «miles de republicanos fueron sumariamente ejecutados o encarcelados y un número innumerable fueron sometidos a diversas formas de sanción política o económica».

La ley contempla además un régimen de infracciones, de leves a muy graves-excavaciones o realización de obras en los llamados Lugares de Memoria, negativa a retirar símbolos-con sanciones sin juicio. Es decir, la competencia para imponerlas corresponderá al ministerio que asuma la memoria democrática.