Varias comunidades del PP solicitan al Gobierno la gestión del Ingreso Mínimo Vital

Varias comunidades autónomas del Partido Popular (PP) han solicitado o han expresado su interés por la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). El miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Consejo de Ministros aprobó la posibilidad de traspasar la gestión de esta prestación a las comunidades autónomas con régimen común que así lo soliciten. Esta medida busca equipararlas a las comunidades autónomas de régimen foral, como País Vasco y Navarra, que ya tenían cedido este control, y a la cesión que Sánchez hizo con Cataluña.

En concreto, el presidente del Gobierno ya había acordado el traspaso de la gestión del IMV para Cataluña en una reunión con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, el 21 de diciembre. Ahora, este acuerdo se amplía para que otras comunidades autónomas con régimen común también puedan gestionar esta prestación.

«Se aprueba la cesión de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a todas aquellas comunidades autónomas de régimen común que así lo deseen y de esta forma se equipararán con las comunidades autónomas de régimen foral que ya lo tenían cedido», ha anunciado Sánchez este miércoles.

Los que piden el Ingreso Mínimo Vital

Ante este anuncio, varias comunidades autónomas han expresado su interés en solicitar la cesión de la gestión de la ayuda. Por ejemplo, la Junta de Andalucía ha recordado que ya solicitó una reunión en septiembre de 2022 con el entonces ministro José Luis Escrivá para pedir la «cogestión» del IMV.

Fuentes de EP han destacado este miércoles que la cesión de la gestión del a la que ha abierto paso el Gobierno central para las comunidades autónomas con régimen común que lo soliciten debería incluir también la cesión de «los recursos y fondos necesarios para gestionar esta prestación».

La Junta de Castilla y León también ha anunciado que solicitará al Gobierno la gestión de la subvención. Fuentes del Ejecutivo regional informaron a EP que la región presidida por Alfonso Fernández Mañueco ya lo ha solicitado en varias ocasiones desde 2020, buscando su traspaso en las mismas condiciones que se realizó con el País Vasco.

En concreto, la consejera de Familia, Isabel Blanco, lo reclamó en abril y mayo de 2020. Posteriormente, en junio del mismo año, Mañueco envió una carta a Pedro Sánchez para solicitar el traspaso de esta prestación con el objetivo de garantizar «la igualdad entre las personas, sea cual sea su territorio de residencia».

Además, en septiembre de 2020, las Cortes de Castilla y León aprobaron una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el PP para avanzar en la gestión del IMV, cuya argumentación se basaba en la experiencia de la Comunidad sobre la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, también la solicitó hace más de un año en una carta dirigida al ministro José Luis Escrivá. Además, la conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, lo ha pedido recientemente en otra misiva a la nueva ministra del ramo, Elma Saiz.

«En Galicia valoramos positivamente el anuncio de la transferencia da gestión del IMV a las comunidades de regimen común y confiamos que esta vez la palabra do Goberno central si se cumpla, porque teníamos el compromiso desde hace mucho tempo. En la Xunta entendemos que nos ahorraremos las numerosas incidencias derivadas de la mala gestión de todos estos años», declaran desde el Ejecutivo gallego.

En este sentido, fuentes de la Xunta han señalado a EP que solicitarán próximamente al Ministerio una reunión bilateral para analizar y estudiar conjuntamente las condiciones del anuncio.

Por último, Baleares ha expresado su preferencia por gestionar la prestación, pero antes desea conocer los detalles de la transferencia, incluyendo cómo se realizará y con qué recursos. Fuentes de la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales de EP han señalado que quieren conocer los detalles antes de tomar una decisión, ya que si la transferencia implica utilizar los recursos actuales de la Conselleria, consideran que sería insuficiente.