Inversión inmobiliaria

Torra y Colau espantan la inversión inmobiliaria en Cataluña con normas que encarecerán la vivienda

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Torra y Colau provocan la alarma en el sector inmobiliario en Cataluña con sus medidas.

La inseguridad jurídica en Cataluña se ha apoderado del sector inmobiliario. La idea de la Generalitat de endurecer la normativa de Pedro Sánchez -ya de por sí dañina para el sector y el mercado del alquiler- se suma a las normas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona para obligar a los promotores a destinar parte de las nuevas promociones a vivienda pública. Se trata de medidas que encarecerán el acceso a la vivienda y mermarán las inversiones, según los expertos consultados por este periódico.

Los expertos señalan que el proyecto de Ley que prepara  el Govern de Quim Torra para endurecer las medidas recogidas en el nuevo decreto de alquileres de Pedro Sánchez, es una medida "populista y confiscatoria" que perjudicará a los alquileres, elevando los precios y recortando la oferta. A estas medidas restrictivas, se suma el acuerdo firmado el pasado junio por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para obligar a las promotoras a destinar el 30% a viviendas asequibles. Una situación que va a provocar un recorte de las inversiones del sector inmobiliario en Cataluña en los próximos años.

El experto inmobiliario, José Luis Ruiz Bartolomé, destaca en declaraciones a este periódico que "cuando adquieres unos terrenos y eres propietario de una casa ya pagas unos impuestos y una contribución social. Lo que Colau quiere es que esas personas que ya contribuyeron en su momento y ya hicieron su aportación a las arcas públicas vuelvan a contribuir y además, en un porcentaje bastante elevado. Proponen una medida populista y confiscatoria que probablemente incluso choque con los derechos recogidos dentro de la Constitución".

Discriminan al inversor profesional

Fuentes de Blackstone señalan a OKDIARIO que "estas medidas discriminan sin razón alguna a los operadores profesionales del alquiler, con normas específicas para ellos y limitando sus garantías como arrendadores. En definitiva, se trata de una normativa muy restrictiva en comparación con nuestros homólogos europeos y que va a suponer más tensión al alza de precios en el mercado y una reducción de la oferta".

Entre las medidas propuestas por la Generalitat se encuentran la de aumentar de cinco años que propone el ejecutivo a seis los contratos, en casos de propietarios particulares, y de siete a diez en caso de que el propietario sea una empresa. También se contempla la limitación de la subida del precio y otra serie de medidas que afectarán tanto a los arrendadores como a los arrendatarios.

Desde Blackstone destacan que "el mercado del alquiler es importante para la economía de muchas familias. Sirve como vehículo de ahorro y renta a más de 4 millones de familias y es la alternativa vital de 10 millones de inquilinos, un colectivo que se va a ver perjudicado, sin duda alguna, por esta medida. Esperamos que el resto de grupos parlamentarios representados en las Cortes hagan un ejercicio de responsabilidad y apuesten por una legislación más positiva de cara a mejorar el funcionamiento del mercado".

Ruiz Bartolomé destaca que "la medida afecta al patrimonio global de todos los barceloneses y hará a todos de alguna manera más pobres. Un inversor no apostará por el mercado inmobiliario si la rentabilidad de este se ve amenazada".

Barcelona sin promoción de obra nueva

El endurecimiento de la normativa del alquiler que prepara la Generalitat se suma a la normativa municipal impulsada por Ada Colau para que los promotores tengan que destinar el 30% de las viviendas que construyan en Barcelona a vivienda pública. Una medida que, según los expertos, elevará los precios de la vivienda nueva y reducirá la inversión.

La Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) ya denunció en su momento esta medida y llegó a presentar un recurso contencioso administrativo contra esta legislación. A ellos se sumó la Cámara de la Propiedad, los administradores de fincas y los API. Todos ellos consideran que la medida de Colau es contraria al ordenamiento urbanístico.

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