La subida del salario mínimo hará que contratar a un trabajador cueste al menos 1.471 euros al mes

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) encarecerá la contratación en España. Aunque la factura ya era en 2019 mucho más elevada después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disparara de forma unilateral el SMI en 2019 un 22%, el nuevo pacto entre los agentes sociales y el Ejecutivo incrementará el coste real de contratar, el que tendrán que asumir realmente los empresarios y los autónomos para generar un empleo en España.

Estos datos los pone sobre la mesa la Federación de Autónomos ATA, que está integrada en CEOE, firmante del acuerdo con la ministra de Trabajo de Podemos, Yolanda Díaz. La patronal que representa a los trabajadores por cuenta propia explica que la subida del SMI a 950 euros en 14 pagas obligará al empresario, una vez que se suma el pago de las cotizaciones sociales y de otros impuestos, a pagar casi 1.500 euros por generar un empleo en España. Concretamente, 1.471,3 euros, según ATA.

La organización que preside Lorenzo Amor valora que no se haya legislado de forma unilateral como en la anterior ocasión, pero avisa: «Que nadie diga que no es un esfuerzo para ese autónomo con dos empleados que gana lo justo», explicaba la organización en un hilo en la red social Twitter.

El SMI se ha negociado y, con consenso, se decidido subirlo a 950€x14 pagas. Esto supone un coste total mensual (12 pagas) para el #empleador de 1471,31€. Que nadie diga que no es un esfuerzo para ese #autónomo con dos empleados que gana lo justo.

— Fed. Autónomos 𝗔𝗧𝗔 (@autonomosata) January 22, 2020

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha explicado que la patronal ha visto «adecuado» elevar el SMI a 950 euros, aunque ha reconocido que en toda negociación «siempre quedan pelos en la gatera» y que le hubiese gustado que fuese «menos» porque el impacto del alza salarial del 22,3% del año pasado, hasta 900 euros, ha sido «muy importante».

La intención de la patronal al pactar el salario mínimo ha sido mostrar su voluntad de diálogo co el nuevo Ejecutivo. Pedro Sánchez ha aprovechado esta disposición para intentar mandar un mensaje de tranquilidad al mundo económico, aunque lo cierto es que Podemos y el PSOE han tenido que renunciar a su enésima promesa fallida: que el SMI fuera de 1.000 euros este año.

Frentes abiertos

Sin embargo, seguirá habiendo muchos frentes abiertos que puede hacer saltar, a la mínima, el diálogo social por los aires. Uno de los principales problemas puede ser la ley de desindexación de la economía, que no actualiza los contratos públicos cuando varían los precios.

Tras el alza del SMI, si no se actualizan las subcontratas con las administraciones (por ejemplo, en la limpieza), que mueven miles de empleos, se podría provocar que muchas empresas tengan que asumir mayores costes y verse abocadas al cierre.

Antonio Garamendi ha reclamado que de forma «urgentísima» el Gobierno cambie la ley de no indexación de los contratos públicos, al ser «muy complicado» un contexto de alza del SMI y que las empresas no puedan verse compensadas en los contratos públicos.

Además, según ha explicado el representante de la patronal, la Ley de Contratos Públicos obliga a permanecer en los contratos mientras no hay otro concurso, algo que la patronal ve como una obligación. Según Garamendi, la ministra Díaz «lo entiende» y «quiere trasladarlo inmediatamente al Gobierno».

Lo cierto es que, por ahora, no hay nada decidido sobre este asunto, lo que puede provocar grandes dificultades a millares de compañías (especialmente las más pequeñas) que trabajan con ayuntamientos, comunidades autónomas, empresas públicas y el propio Estado en cuanto entre en vigor el alza pactada del SMI.

El presidente de CEPYME (la patronal de las pymes), Gerardo Cuerva, ha admitido que «subir el SMI a 950 euros no es bueno para la pymes, pero es menos malo que subirlo a 1.000». Tanto él como Garamendi han advertido del impacto que puede tener en el campo español esta medida que han firmado en nombre de los empresarios, por lo que han exigido a cambio al Ejecutivo que adopte medidas para proteger a los agricultores.