Sánchez obligará a pagar una revisión de la caldera antes de fin de año si la última fue antes de 2021

Una de las medidas novedosas aprobadas en el Consejo de Ministros nocturno celebrado ayer fue que el Gobierno va a obligar a todos los españoles a revisar su caldera de calefacción y agua caliente si la última inspección fue anterior a enero de 2021 (es decir, la inmensa mayoría). Esto supondrá un coste adicional para los hogares, ya bastante ahogados por la subida de la energía y de la cesta de la compra.

Así lo anunció anoche la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien dijo que hay que comprobar si «esas calderas gastan más de lo que deberían» porque «no podemos permitirnos desperdiciar ni un solo kilowatio/hora» (esta última frase la repitió varias veces). Se supone que la medida afectará tanto a las calderas individuales de gas como a las centralizadas de gas o de gasoil.

El problema es que estas revisiones no son gratuitas, sino que tienen un coste que alcanza en muchos casos los 90 ó 100 euros. Por tanto, Pedro Sánchez impondrá a los hogares un nuevo coste obligatorio justo cuando peor lo están pasando y cuando se supone que las medidas que está tomando el Gobierno pretenden rebajar la factura del gas y la electricidad. Eso sí, hará muy felices a las empresas (la mayoría pymes) que se dedican a hacer estas revisiones.

España va de solidaria pero ahorrará la mitad que el resto

Lo que pretenden las medidas aprobadas el lunes es reducir el consumo de energía, pero eso no necesariamente se traducirá en un menor coste de la misma, ya que su precio depende de la cotización del gas en los mercados internacionales (aunque España haya puesto un tope al gas que se ha demostrado totalmente ineficaz).

En realidad, España pretende cumplir su compromiso ante la UE de reducir un 7% el consumo antes de fin de año antes del invierno. Una reducción que en el resto de países es del 15% y que Sánchez consiguió rebajar a la mitad, para ahora presentarse como solidario con los socios europeos como hizo ayer Ribera.

La medida estrella de este plan de ahorro energético es la obligación de que todos los lugares públicos (tiendas, centros comerciales, hoteles, aeropuertos, estaciones, oficinas, cines, teatros, discotecas, etc.) tengan el aire acondicionado a más de 27 grados en verano y la calefacción a menos de 19 en invierno. Asimismo, se obliga a los comercios a apagar los escaparates a las 22 horas.