Por qué Estonia es un oasis fiscal mientras Sánchez ha convertido España en un infierno tributario

Por noveno año consecutivo, Estonia emerge como el país con un mejor sistema fiscal de toda la OCDE. Su evaluación es tan positiva por cuatro razones principales: en primer lugar, su tasa del Impuesto sobre Sociedades es del 20% y solo se aplica al reparto de dividendos; en segundo lugar, el Impuesto sobre la Renta no es progresivo, sino que mantiene una tarifa plana del 20%; en tercer lugar, el gravamen equivalente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles español toma solamente en consideración el valor del suelo, sin entrar a ponderar la propiedad en sí; y, por último, se mantiene una deducción del 100% aplicable a los beneficios empresariales obtenidos en el extranjero.

En el lado opuesto de Estonia se sitúa España, que desde que gobierna el presidente Sánchez  tiene uno de los modelos fiscales peores y menos competitivos del mundo, y particularmente entre los países desarrollados. La explicación es bastante simple. Durante su mandato, y en especial en el último año, el Gobierno ha subido las cuotas sociales de las empresas más de un 8% -por encima de los niveles en los que se ha situado la inflación a finales del ejercicio 2022, del 5,7%-, ha elevado el Impuesto de Sociedades hasta el 25%, y sostiene uno de los Impuestos de la Renta más progresivos, según el cual el tipo marginal máximo del 45% se aplica a partir de los 60.000 euros de ingresos mientras en la mayor parte de los estados de la Unión Europea, por ejemplo, este gravamen empieza a funcionar a partir de los 100.000 euros.

Adicionalmente, el Gobierno mantiene uno de los impuestos más altos sobre las rentas del capital y las autonomías penalizan gravemente el patrimonio, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las naciones de la UE, en las que este impuesto no existe. No contento con ello, el Ejecutivo de Sánchez ha establecido a finales del año pasado impuestos de nuevo cuño para gravar los llamados beneficios caídos del cielo de la banca -con el pretexto del impulso que supuestamente les va a dar la subida de los tipos de interés-, de las compañías eléctricas -también presuntamente favorecidas por los altos precios del gas y de las fuentes de energía en general- y de las grandes fortunas, precisamente para obstaculizar y destruir la bonificación del impuesto de patrimonio total o parcial que practican las comunidades gobernadas por el PP: Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia.

La excepción completa a la estrategia y tendencia marcada por el Ejecutivo es la Comunidad de Madrid, que está empeñada en seguir la política opuesta a la del presidente Sánchez. De hecho, su presienta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que quien invierta capital exterior en la región podrá deducirse del tramo autonómico del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) el 20% de la cantidad invertida. La dirigente madrileña ha decidido poner en marcha esta nueva rebaja fiscal para contrarrestar los efectos del nuevo impuesto de Patrimonio «encubierto» que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto a Madrid y que su Ejecutivo va a recurrir ante el Tribunal Constitucional este mes de enero, solicitando su suspensión cautelar.

Según el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) de los 38 países más desarrollados del mundo elaborado por la Tax Foundation y publicado en España por el Instituto de Estudios Económicos, además de Estonia, que recibe 100 puntos por ser la más amigable fiscalmente de la OCDE, las cinco primeras posiciones incluyen también a Letonia (89,9 puntos), Nueva Zelanda (89,7 puntos), Suiza (82,9 puntos) y la República Checa (81,9 puntos). A continuación, figuran Luxemburgo (80,6 puntos), Hungría (77,9 puntos), Lituania (76,9 puntos), Turquía (76,6 puntos) e Israel (76 puntos). En la zona media-alta de la tabla aparecen Australia (75,5 puntos), Suecia (74,2 puntos), Eslovaquia (74,1 puntos), los Países Bajos (71,3 puntos) y Alemania (70,2 puntos).

Los diez países con peor resultado en el ICF de 2022 son Grecia (59,2 puntos), México (58,4 puntos), Islandia (57,9 puntos), Colombia (57,8 puntos), Dinamarca (57,3 puntos), España (56,9 puntos), Irlanda (55,6 puntos), Portugal (51,4 puntos), Italia (49,1 puntos) y Francia (45,3 puntos). El sistema fiscal de nuestro país aparece, por tanto, entre los menos competitivos y peor diseñados de toda la OCDE (España ocupa el número 34 del ranking sobre un total de 38 países).

Además de Estonia, que tiene el sistema tributario más competitivo de toda la OCDE, otras economías desarrolladas presentan resultados muy satisfactorios merced a distintas mejoras. Letonia, por ejemplo, ha aplicado su propia versión del modelo de Estonia, logrando muy buenos resultados por esta vía. Nueva Zelanda no ha ido tan lejos, pero su Impuesto sobre la Renta es relativamente plano, toca techo en el 39% y evita la doble tributación de las rentas del capital y los beneficios empresariales. A esto hay que sumarle un IVA de aplicación general, con pocas exenciones y un trato muy lineal al grueso de bienes y servicios, así como un modelo de impuestos sobre la propiedad correctamente diseñado.

Entre el grupo de países que mejor han trazado sus sistemas fiscales aparecen también Suiza y Luxemburgo. El país helvético es un clásico en este tipo de informes, puesto que su modelo de impuestos bajos y sencillos se remonta décadas atrás en el tiempo. Su Impuesto sobre Sociedades no llega al 20%, su IVA es de aplicación general y tipos comparativamente moderados y su Impuesto sobre la Renta evita la doble tributación de las rentas del capital. En cuanto a Luxemburgo, su IVA está también muy bien diseñado, puesto que huye de excepciones y tratamientos diferenciados, al igual que ocurre con el sistema de deducción de los beneficios empresariales cosechados en el extranjero, que adopta un planteamiento territorial y elimina el problema de la doble tributación al no exigir ningún recargo por la repatriación de ganancias obtenidas en el extranjero.

Francia aparece como el farolillo rojo y, una vez más, su sistema queda en evidencia por la confluencia de tipos excesivamente altos y normas innecesariamente complejas. Aunque ha eliminado su Impuesto sobre el Patrimonio, sí aplica una tasa sobre la riqueza inmobiliaria. Además, su Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sigue pendiente de reforma y su modelo de IVA cubre menos del 50% del consumo final de bienes y servicios por parte de los hogares. Sorprende que Irlanda, un país conocido por la competitividad de su Impuesto sobre Sociedades, aparezca en una posición muy mediocre. Su nota está lastrada por un Impuesto sobre la Renta demasiado oneroso y complejo, y por un IVA de base estrecha.