Industria

Las pymes en apuros: la transición energética choca con la falta de infraestructura en España

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Varios camiones por carretera. (Imagen de archivo)

El sector logístico en España enfrenta un desafío clave para la viabilidad del sector: la transición energética. A medida que el Gobierno impulsa políticas para reducir la huella de carbono, las pequeñas y medianas empresas (pymes) logísticas se encuentran en una encrucijada. La adopción de tecnologías más limpias es una necesidad urgente, pero la falta de infraestructura y apoyo adecuado por parte del Ejecutivo pone en riesgo la continuidad de muchas de estas empresas.

En este contexto, Francisco Aranda, presidente de la patronal logística UNO expresa a OKDIARIO que se encuentran en una situación «muy triste». «Se nos obliga a hacer una transformación de la flota hacia vehículo eléctrico, con el desembolso que eso significa». Y resulta «que nos encontramos con que no hay cargadores públicos». «Las pymes y los autónomos de nuestro sector han hecho ese esfuerzo de transformación energética -se nos obliga a ir hacia el vehículo eléctrico-» y, sin embargo, «nos encontramos con que España es uno de los países con menos infraestructura de recarga pública».

Un problema para las pymes

De hecho, según los últimos datos trimestrales de Anfac, la patronal nacional de fabricantes de coches, a finales de marzo había en España un total de 32.422 puntos de recarga públicos operativos. Sin embargo, 8.645 puntos instalados se encontraban fuera de servicio. Esto supone un 21% sobre los 41.067 puntos de recarga de acceso público instalados en el país. Según los datos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), España se comprometió a instalar 64.000 puntos de recarga de acceso público en 2024 para cumplir con los objetivos de descarbonización europeos, una cifra que, a priori, parece bastante improbable.

«Se nos obliga a hacer una transformación de la flota hacia vehículo eléctrico y resulta que no hay cargadores eléctricos públicos»

Uno de los problemas más acuciantes es la escasez de estaciones de carga para vehículos eléctricos (VE). A pesar de los esfuerzos por expandir la red, las estaciones de carga son aún insuficientes y están distribuidas de manera desigual en el territorio nacional. Este déficit de infraestructura afecta particularmente a las pymes logísticas, que operan con márgenes de tiempo y dinero mucho más ajustados que las grandes empresas.

Y de este número escaso de cargadores, «nos encontramos con el problema de que no hay suficientes puntos de carga rápida en nuestras rutas habituales», expresa Aranda. De hecho, incide «sólo el 6,5% son de carga rápida». Y «el 75% de los cargadores que existen son de baja potencia, igual o menor de 22 kilovatios», denuncia. Esto significa, detalla Aranda, que para cargar «necesitas mínimo tres horas». Y ese tiempo a un transportista se le hace «un imposible».

«Sólo el 6,5% de los cargadores eléctricos son de carga rápida» y «el 75% de los que existen son de baja potencia»

Además, los costos elevados de instalar puntos de carga propios son prohibitivos para muchas pymes. La instalación de una estación de carga rápida puede superar fácilmente los 50.000 euros, una inversión que muchas empresas pequeñas no pueden afrontar sin un importante respaldo financiero.

Coste inicial: una barrera a la inversión

La transición hacia vehículos más limpios implica una inversión considerable. Los vehículos eléctricos y de hidrógeno, aunque más eficientes y sostenibles a largo plazo, tienen precios iniciales más altos que sus equivalentes de combustibles fósiles. Éste es un desafío crucial para las pymes logísticas, que a menudo operan con presupuestos limitados y no pueden permitirse desembolsos tan elevados de inmediato.

«La renovación de nuestra flota es una necesidad, pero los costos son astronómicos», explica Aranda. «Nos encantaría poder contribuir a la sostenibilidad, pero sin las infraestructuras públicas adecuadas es bastante complicado», matiza. Aunque existen subvenciones y ayudas gubernamentales para fomentar la adopción de tecnologías limpias, muchas pymes encuentran que estos incentivos son insuficientes o es difícil acceder a ellos. Las condiciones de financiación a menudo son restrictivas, y los procesos burocráticos pueden ser complejos y desalentadores. De hecho, en España las pymes se encuentran un escenario complejo en lo administrativo e ineficaz en materia de subvenciones y licitaciones.

La transición energética no sólo implica costos financieros, sino también una adaptación técnica y operativa. Las pymes necesitan formar a su personal en el uso y mantenimiento de nuevas tecnologías, lo cual requiere tiempo y recursos adicionales. «No sólo se trata de comprar nuevos vehículos», señala el presidente de la patronal logística. Además, las rutas de transporte pueden necesitar ajustes para incorporar puntos de carga disponibles, lo que añade otro desafío logístico. Las pymes, con sus recursos limitados, encuentran particularmente difícil adaptarse a estos cambios de manera rápida y eficiente.

Para que la transición energética sea efectiva y justa, es crucial implementar soluciones que aborden estos desafíos específicos. La inversión pública y privada en infraestructura es fundamental. Incrementar el número de estaciones de carga, especialmente en áreas estratégicas, puede reducir significativamente las barreras para las pequeñas empresas logísticas del sector. «Necesitamos una red de carga rápida mucho más amplia y accesible», subraya el presidente de la patronal UNO. «Esto no sólo beneficiará a las pymes, sino también a la adopción generalizada de vehículos eléctricos».

La transición energética es crucial para reducir la huella de carbono y cumplir con los objetivos climáticos. Sin embargo, es esencial que las políticas y medidas de apoyo sean adecuadas para facilitar esta transición, especialmente para las pymes logísticas que enfrentan desafíos específicos. La colaboración entre Gobierno, sector privado y entidades financieras será fundamental para lograr una transición segura y efectiva, indica Aranda. Y así poder asegurar  que ninguna empresa se quede atrás en el camino hacia un futuro más limpio y sostenible.

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