PwC propuso a Banco Popular una fusión con Unicaja pero no salió por sus problemas contables

PwC, el auditor del Banco Popular que se sentará en el banquillo junto a los responsables de la entidad, diseñó una fusión de la entidad con Unicaja en 2016 para justificar la ampliación de capital de ese mismo año, según fuentes conocedoras de la situación. Esta operación no salió adelante porque la entidad andaluza se echó atrás al comprobar los problemas contables del Popular, añaden.

En dicha ampliación, el banco presidido por Ángel Ron necesitaba captar 2.500 millones para intentar solucionar sus graves problemas de solvencia -algo que no logró y por eso tuvo que ser resuelto al año siguiente-, lo que le llevó a forzar la máquina y a cometer presuntamente los delitos continuados de falsedad contable y estafa a inversores de que se le acusa.

Pero PwC propuso a Ron una alternativa para justificar esa ampliación: la fusión del Banco Popular con Unicaja. De esta forma, se podría presentar al mercado como una operación ofensiva, destinada a crecer con la compra de otro banco, y no como defensiva para la supervivencia del banco. En teoría, al presentarla así podría conseguir una mejor aceptación del mercado y un mejor precio para las acciones.

Según las fuentes consultadas, ambas entidades estuvieron negociando durante unos meses e incluso se perfiló un reparto de poder para el banco resultante -que es lo que siempre se determina primero-, en el que el Popular tendría el control por su mayor tamaño. Sin embargo, el entonces presidente de Unicaja, Braulio Medel, se echó atrás tras estudiar las cuentas del Banco Popular.

Aunque no encontró indicios de delito, puesto que sólo tuvo acceso a las cuentas públicas, Medel sí detectó que tenía mucho riesgo en su balance y que no contaba con provisiones suficientes para hacerle frente en caso de que hubiera problemas, como así ocurrió finalmente.

Auditor y asesor

Entonces, era habitual que los auditores hicieran trabajos de asesoría e incluso propios de la banca de inversión para las empresas cuyas cuentas revisaban, a pesar de que la Ley de Auditoría que entró en vigor ese año limitaba esas actividades. Estos trabajos le proporcionaban ingresos muy superiores a los de auditoría, por lo que se consideró que suponían un conflicto de interés que podía relajar los criterios con que se analizaban las cuentas.

En el caso del Banco Popular, el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional considera a PwC (PricewaterhouseCoopers) y a sus socios Pedro Barrio Luis y José María Sanz Olmeda cooperadores necesarios en los delitos presuntamente cometidos en la citada ampliación de capital y por los que se sentarán en el banquillo.

Según el juez Calama, los inversores acudieron a la ampliación de capital de 2016 «engañados», puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 «no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio».

El pasado mes de marzo, el juez procesó a los investigados, encabezados por el propio Ron, al considerar acreditado que el 25 de mayo de 2016 el Consejo de Administración de Banco Popular decidió llevar a cabo y ejecutar el aumento de capital acordado en la Junta General de Accionistas del 11 de abril. Previamente a esa reunión, explicaba, tuvo lugar ese mismo día una convocatoria de la Comisión de Auditoría del Consejo en cuyo orden del día figuraba como punto segundo «la aprobación de informe favorable para la ampliación de capital».

La resolución señalaba que la Comisión de Auditoría emitió informe favorable a la ampliación, sin contar con ningún estudio detallado por escrito que pudiera ser objeto de debate. En esa reunión estuvieron presentes los auditores externos de PwC, que no advirtieron a los miembros de dicha comisión de ningún problema en las cuentas del Popular (anuales -2015- y trimestrales -2016-) de cara a la ampliación de capital.

Respecto al folleto de la ampliación de capital, explica el juez, «se ofrece una información financiera conscientemente alterada –que ocultaba a los inversores enormes déficits de provisiones– entresacada de las cuentas anuales del año 2015 auditadas por PwC y de los estados financieros a 31.03.2016 con informe limitado de dicha auditora». PwC no puso ninguna salvedad a esas cuentas.

De hecho, si se hubieran dotado correctamente las provisiones necesarias, cuyo déficit echó para atrás a Medel, el Popular habría sufrido pérdidas de al menos 2.500 millones en 2015 en vez de los beneficios declarados, según Calama.