El PP culpa a la Ley de Vivienda de quitar 120.000 pisos de alquiler y propone su derogación

El Partido Popular (PP) ha achacado a la Ley de Vivienda, aprobada en el año 2023, de haber eliminado del mercado de alquiler residencial más de 120.000 pisos por el incremento de la «inseguridad jurídica». Por esta razón, la formación política pedirá la próxima semana al Congreso su derogación. En concreto, los populares defenderán en el Pleno de la Cámara Baja una moción consecuencia de una interpelación urgente que el partido de Feijóo dirigió a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la última sesión plenaria.

En su moción, el grupo parlamentario denuncia que a raíz de la ley que pactaron PSOE, Podemos, ERC y Bildu muchos propietarios han optado por vender, retirar sus inmuebles o trasladarlos al mercado del alquiler temporal.

«El resultado ha sido una presión desorbitada sobre los pisos disponibles, especialmente en zonas humildes, donde las familias trabajadoras, la clase media, está siendo expulsada de los centros urbanos», remarca el PP.

Como ejemplo de las consecuencias perjudiciales de esta norma, el PP expone el caso de Cataluña, que fue una de las primeras Comunidades Autónomas en aplicar las medidas de la Ley de Vivienda para limitar los precios del alquiler.

Según los datos de la plataforma inmobiliaria Idealista, los precios en la región han subido un 8,7% en el último año y de cada tres viviendas que se retiran del mercado del alquiler en España, una lo hace en Cataluña. Asimismo, en Barcelona, por cada piso anunciado hay 341 solicitudes, frente a las 77 que había antes de la entrada en vigor de la norma.

Los efectos de la Ley de Vivienda

Por estos motivos, la formación pide derogar una ley que consideran «intervencionista» y que está provocando «inseguridad jurídica, subida de precios, reducción de la oferta y un incremento de la ocupación e inquiocupación».

El Partido Popular ha aprovechado esta iniciativa para también denunciar el «fenómeno creciente de la ocupación ilegal». Según datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE) compartidos por el partido, actualmente hay unas 100.000 viviendas ocupadas en España. Además, un 30% de los españoles afectados no denuncia por la lentitud de los procesos judiciales, que pueden llegar a prolongarse hasta 18 meses.

Ante este panorama, el PP pide acabar con la ocupación ilegal de viviendas e inquiocupación, garantizando que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda sean expulsadas en un plazo de entre 24 y 48 horas.

Igualmente, el Grupo Popular incluye otros dos puntos en su moción para pedir medidas fiscales que faciliten el acceso a la vivienda a los jóvenes y crear la figura del «Proyecto Residencial Estratégico» para unificar los trámites de las fases de planeamiento, gestión y ejecución, reducir los plazos de construcción de diez a cuatro años y destinar la mitad de las viviendas que se construyan bajo esta figura a vivienda asequible.