Las notarías de Cataluña y Aragón están colapsadas por el aluvión de empresas que salen de suelo catalán por la incertidumbre generada por el referéndum ilegal promovido por Carles Puigdemont y la posibilidad de que se produzca una declaración unilateral de independencia.
El goteo de compañías que han decidido salir de Cataluña por inestabilidad e inseguridad jurídica durante toda la semana ha sido incesante. Han anunciado su traslado de sede social desde sociedades de gran envergadura como las cotizadas Sabadell o Caixabank, así como firmas más pequeñas como Eurona, Dogi o Service Point Solutions.
Ante tal fuga de compañías, así como el nuevo decreto ley del Gobierno que permite agilizar el cambio de sede social de las empresas aprobado este viernes en Consejo de Ministros, las notarías de Cataluña como de Fraga (Aragón) se están viendo colapsadas por todas las consultas de grandes y pequeñas compañías, según confirman a OKDIARIO fuentes locales.
La cercanía de la localidad de Fraga con Cataluña ha llevado hasta suelo aragonés a muchos empresarios, en su mayoría del sector agrícola, para consultar los pasos a seguir en la notaría para hacer un cambio de su domicilio fiscal y poner a salvo su actividad en caso de independencia.
Un paso previo a la presentación en el Registro Mercantil para que el cambio de estatutos de la sociedad y la salida de la región catalana sea efectivo de cara a terceros es pasar por la notaría. Fuentes del sector, aseguran que la tensión instalada en Cataluña ha llevado hasta los despachos notariales a empresas de diverso tamaño interesados en llevar a cabo un cambio de domicilio fiscal y trasladar sus negocios a otra provincia.
Las mismas fuentes explican que la mayor parte de las firmas que han acudido a sus instalaciones esta semana han sido pequeñas empresas y por su tamaño los trámites de traslado son mucho más sencillos. Solo deben convocar una junta general universal e ir a la notaría para que el notario de fe de lo que se ha decidido e inscribir la nueva sede en el Registro Mercantil, relata el abogado J.M. a este periódico.
En el caso de las compañías más grandes sí que es necesario convocar una Junta General de Accionistas al menos con un mes de antelación en la que poder aprobar el traslado de sede social, a no ser que los estatutos permitan al Consejo de Administración la suficiente autonomía como para perpetrar el cambio sin la aprobación de la junta.
Las compañías establecidas en Cataluña no quieren tomar ningún riesgo y están intentando adelantarse a una posible Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por parte de la Generalitat. Por ello, ante la incógnita de saber qué legislación estaría vigente si la DUI se materializa, las sociedades están optando por salir de suelo catalán y establecerse en otros puntos del país donde la legislación española seguirá en vigor.
Sin embargo, las compañías tienen poco margen de movimiento si este lunes el pleno del Parlamento autonómico decide aprobar la independencia de Cataluña del resto del Estado, tal como tenían previsto Junts pel Sí (JxSí) y sus socios en el gobierno, la CUP.
