Millones de españoles afectados: el cambio de 180º que será obligatorio en España a partir de este día

Lo que hace unos años nos podía parecer algo lejano ya tiene fecha en el calendario. La Unión Europea ha decidido que no se puede esperar más y, en 2030, entrará en vigor un cambio que afectará de lleno a muchos propietarios de vivienda en España. No se trata de un reto menor ni un consejo que podamos seguir o descartar: se trata de una obligación que modificará la forma en la que usamos y entendemos nuestras casas.

El objetivo está sobre la mesa desde hace tiempo: acabar con la baja eficiencia energética que arrastra buena parte del parque de viviendas en España. Muchas se levantaron cuando nadie hablaba de aislamientos ni de certificados, y ahora deberán ponerse al día. Eso significa reformas en serio, dinero y, cómo no, paciencia para aguantar el proceso. En Bruselas lo explican sin rodeos. Para 2030, todas las viviendas deberán alcanzar como mínimo la clase energética E. Y en 2033 el listón volverá a subir: habrá que llegar a la clase D. Con ello se busca algo tan simple y tan complejo a la vez como reducir consumos, recortar emisiones y modernizar un parque inmobiliario que, en nuestro país, supera de media los 40 años de antigüedad.

El cambio que será obligatorio en España a partir de este día

La norma no afecta sólo a España. Todos los Estados miembro están en la misma situación: renovar lo más antiguo y lo menos eficiente. Si una vivienda se encuentra en la categoría F o G, habrá que acometer reformas. Y no bastará con un par de cambios superficiales. Se trata de intervenir en cubiertas, fachadas, ventanas, sistemas de climatización e incluso en los electrodomésticos que más consumen.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía aporta un dato revelador: sólo el 20% de los hogares en España superan hoy la clase E. Es decir, ocho de cada diez necesitan mejorar. A esto se suma lo que reconoce el Ministerio para la Transición Ecológica: la edad media de las viviendas en España es de 43,5 años. En otras palabras, la mayoría deberán someterse a reformas si se quiere cumplir con los plazos de Bruselas.

Qué viviendas van a tener que renovarse

Las más señaladas son las anteriores a 1980. Casas sin aislamiento, con ventanas que ya no sellan nada y con calderas o aparatos de aire acondicionado que consumen mucho más de lo que deberían. En invierno se enfrían en minutos; en verano, basta un día de calor para convertirlas en hornos. Y por si fuera poco, muchas arrastran problemas de humedad y moho.

En zonas calurosas, la cosa se complica aún más. Los edificios que no tienen toldos, lamas o sistemas para frenar el sol dependen por completo del aire acondicionado. El resultado es obvio: consumo eléctrico disparado y facturas que no dejan de crecer. Es justo lo que Bruselas quiere cortar de raíz con esta nueva obligación.

Qué soluciones hay sobre la mesa

Las alternativas están claras, aunque no todas son baratas. Instalar aislamiento térmico en fachadas o cubiertas puede suponer una inversión importante, pero reduce hasta un 30% el gasto energético. Las fachadas ventiladas, el sistema SATE o simplemente cambiar a ventanas de doble o triple cristal marcan una diferencia enorme tanto en eficiencia como en comodidad.

A esto se suma la sustitución de sistemas de climatización. Decir adiós a calderas de gasóleo o equipos antiguos de aire acondicionado y dar paso a bombas de calor, aerotermia o calderas de condensación. Y algo más doméstico: renovar los electrodomésticos. Puede parecer secundario, pero cambiar un frigorífico o una lavadora sin etiqueta de eficiencia por un modelo A implica ahorrar cada mes en la factura.

El reto: los plazos y el gasto para los propietarios

Aquí está el verdadero problema. El Gobierno se ha fijado como meta renovar 1,2 millones de viviendas de aquí a 2030. Sobre el papel suena posible, pero los números recientes son otra historia. Entre 2021 y 2023 apenas se renovaron poco más de 100.000 hogares. A este ritmo, la meta se queda muy lejos.

Y luego está el dinero. Porque una cosa es que Bruselas marque el objetivo y otra que las familias puedan asumir reformas que, en muchos casos, cuestan entre 20.000 y 30.000 euros. Existen ayudas y fondos europeos, sí, pero la duda es si alcanzarán para todos. ¿Qué pasa con quienes no puedan afrontar la inversión? ¿Habrá sanciones, limitaciones a la hora de vender o alquilar una vivienda? Son preguntas que siguen abiertas y que generan incertidumbre.

Lo que está claro es que la cuenta atrás ya ha empezado. Europa ha marcado los plazos y España no tiene otra opción que cumplirlos. El cambio será obligado y, aunque doloroso para muchos bolsillos, también supondrá un salto en calidad de vida. Porque al final no se trata sólo de números, sino de vivir en casas más cómodas, sanas y preparadas para el futuro.