Más de 3.000 agricultores autónomos dejan el campo en el último año por el alza de los costes

El campo vive en un invierno constante. A los altos precios de la luz que se vienen registrando en el último año, se han sumado el encarecimiento de los fertilizantes y, ahora, la sequía que asola el país. Una situación que ha hecho mella en el tejido empresarial agrícola, que en el último año ha perdido a más de 3.000 trabajadores autónomos que no han podido hacer frente al encarecimiento generalizado de su actividad.

Las perspectivas para la siguiente campaña de siembra son pesimistas. Con una inflación disparada, la economía en retroceso, la grave crisis energética que amenaza con racionamiento, un endurecimiento de las condiciones financieras y nuevos incrementos de los factores de producción -incluidos los salariales con una nueva subida del SMI- que no se pueden trasladar a las producciones que salen al mercado, los agricultores y ganaderos dudan seriamente si podrán acometer una nueva campaña de siembra que les traerá más gastos extraordinarios.

Algo que ha hecho que los agricultores autónomos huyan del campo. En el segundo trimestre de este año había 220.722 agricultores inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Una cifra mucho menor de la registrada hace un año, cuando había 223.396 trabajadores por cuenta propia pertenecientes al sector primario. Esto supone una reducción de más de 3.000 trabajadores en los últimos 12 meses.

Una situación que dificulta mucho más la supervivencia del campo. Y es que, en sólo 4 años, el número de jóvenes agricultores ha disminuido en 12.000: mientras que en 2016 se contabilizaban 65.419 beneficiarios por debajo de los 40 años, en el informe de 2020 esta cifra apenas alcanza los 52.797. Asimismo, los jóvenes se enfrentan a un factor totalmente limitante que sigue sin resolverse, como es el acceso a la tierra y a los derechos de pago. En este sentido, el informe del FEGA indica que, de los beneficiarios que son personas físicas, casi el 40% (232.720 beneficiarios) alcanzaba en 2020 la edad de jubilación, concentrando el 27% de las ayudas directas a personas físicas.

Además, este segmento probablemente reciba pensiones ínfimas y necesite continuar en la actividad para poder tener un mínimo nivel de vida, pero si desde la Administración se quiere facilitar el acceso a los jóvenes, la organización considera que se deberían adoptar mayores mecanismos de transferencia o cesión de explotaciones que liberen tierra y derechos y garanticen a su vez un apoyo suficiente al productor cedente que los planificados actualmente en el marco del Plan Estratégico.

Igualmente, Unión de Uniones insiste en que la situación de abandono administrativo del medio rural tampoco ayuda para hacer más atractivo al sector. Así, destaca el estudio realizado por el Banco de España, que concluía que las áreas rurales españolas presentan una peor accesibilidad a servicios que sus homólogas europeas, mientras que las diferencias no son significativas en el caso de las áreas urbanas. “Si no les resulta atractivo a los jóvenes dedicarse a la agricultura y la ganadería, tenemos un problema, no sólo nosotros, sino toda la sociedad”, concluyen desde la organización.