Los impagos a las renovables de Ribera elevan a 207 millones los bienes embargables a España en Bélgica

Nuevo mazazo a la estrategia de Teresa Ribera y Sara Aagesen, titulares del Ministerio de Transición Ecológica en los gobiernos de Pedro Sánchez, con los impagos a las renovables que ganaban sus correspondientes arbitrajes en el Ciadi, tribunal del Banco Mundial. La justicia belga ha cifrado finalmente en 207 millones de euros el valor de los bienes embargables a España en el país para satisfacer la indemnización de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota, fijada inicialmente en 80 millones.

La justicia belga ha confirmado a los acreedores el monto embargado a España tras la decisión judicial comunicada en julio mediante la que se autorizaba la intervención de los pagos mensuales que realiza el organismo europeo de control aéreo, Eurocontrol, a la empresa estatal española encargada de tramitar dicho servicio, Enaire. De los 207 millones, 197 millones son de los ingresos de Enaire. El resto de otras obligaciones menores.

El embargo de esos ingresos de Enaire fue reclamado por Toyota para garantizar el cobro de la indemnización reconocida a Toyota por el Ciadi. La compañía invirtió cientos de millones de euros en España para desarrollar parques eólicos y fotovoltaicos en comunidades autónomas como Galicia o Asturias al calor de las primas a las renovables aprobadas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007.

Los recortes retroactivos aplicados unilateralmente a estas inversiones por Mariano Rajoy cuando llegó al Ejecutivo en 2012 para afrontar la grave crisis económica que heredó, motivaron un procedimiento de arbitraje internacional, al amparo del Convenio del Ciadi y del Tratado de la Carta de la Energía, del que España era firmante cuando sucedieron los hechos.

Dicho arbitraje estipuló que España debía indemnizar a Eurus con un pago de 106,2 millones de euros e impuso asimismo el pago de intereses de demora que, en la actualidad, superan ya los 7 millones de euros.

A pesar de que los intentos de anulación del laudo por parte de España fueron desestimados, la indemnización continúa sin abonarse como parte de la estrategia de Ribera y Aagesen. Ante los impagos a las renovables de Ribera, los acreedores solicitaron en julio el embargo de los pagos de Eurocontrol a Enaire.

Fuentes de los inversores internacionales que están sufriendo los impagos a las renovables, y conocida la cifra de 207 millones a embargar en Bélgica, señalan que su intención de negociar una salida a este conflicto sigue intacta, y recuerdan el acuerdo alcanzado para zanjar la deuda del caso JGC -primera vez que España pagó un arbitraje renovable-.

Insisten estas fuentes en recordar que la inversión extranjera en España se ha desplomado más de un 60% en la primera mitad de 2025 y que resolver este tipo de cuestiones es vital para recuperar la confianza en los mercados.

En paralelo a Bélgica, la ofensiva judicial de los inversores también avanza en Australia. El pasado 29 de agosto, el Tribunal Federal de ese país dictó una sentencia histórica que ordena la ejecución de cuatro laudos arbitrales de las renovables por un importe total de 469 millones de euros contra España.

El juez rechazó los argumentos de inmunidad soberana presentados por España y avaló íntegramente las reclamaciones de los demandantes, que incluyen a RREEF, 9REN, Watkins y NextEra. La resolución impone además costas procesales a España e incluso a la Comisión Europea, cuya intervención fue desestimada. Todo ello refuerza la posibilidad de perseguir activos españoles en territorio australiano.

En Estados Unidos, el patrón judicial es igualmente claro. El Tribunal de Distrito de Columbia, en Washington, ha encadenado cinco fallos consecutivos contra España en cuestión de semanas, confirmando la validez y ejecutabilidad de los laudos arbitrales derivados de los recortes a las renovables. Los casos Cube, Watkins, Antin, RREEF e Infrared suman, en total, un monto pendiente de pago cercano a los 355 millones.

En total, España acumula 26 laudos pendientes de pago. Estas sentencias impusieron a nuestro país el pago de 1.492 millones de euros en concepto de indemnización. A esta cifra hay que sumarle 393 millones derivados de la acumulación de intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes.