Hacienda se ha guardado esta noticia hasta ahora: adiós a la declaración de la renta que conocíamos

El Gobierno ha introducido una disposición de última hora en el Real Decreto-ley publicado recientemente en el BOE, que modifica la Ley del IRPF y permite a Hacienda exigir a los particulares la presentación de la declaración de la Renta únicamente por medios electrónicos. Esta medida puede ser aplicada siempre y cuando la Administración tributaria garantice una atención personalizada a los contribuyentes que requieran asistencia para cumplir con esta obligación.

Es la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de julio, que invalidó parte de la Orden del Ministerio de Hacienda de 2019 que imponía la presentación exclusivamente electrónica de la declaración de la Renta.

El fallo del Alto Tribunal recordó que la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), en su artículo 14, reconoce el derecho, pero no la obligación, de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con la Administración. Además, señaló que el artículo 96.2 de la Ley General Tributaria establece que los ciudadanos «pueden» relacionarse electrónicamente con la Administración, lo que implica un derecho, no una obligación.

El Gobierno, a diferencia de la normativa anterior emitida a través de una Orden Ministerial, ha introducido esta disposición mediante un Real Decreto-ley para poder imponer la presentación electrónica de la declaración de la Renta como obligación. La nueva norma justifica esta medida en la «realidad práctica» de los últimos diez años, donde los contribuyentes han presentado sus declaraciones del IRPF mayormente a través de medios electrónicos.

Esta disposición legal establece la posibilidad de obligar a la presentación electrónica siempre que la Administración tributaria garantice una asistencia personalizada a los contribuyentes que necesiten ayuda para completar su declaración de esta manera.

Novedades en la declaración de la Renta en 2024

A partir del 1 de enero de 2024, la directiva europea DAC 7 requerirá que las plataformas digitales como Wallapop o Vinted compartan información específica sobre sus vendedores con las autoridades fiscales de los países pertenecientes a la Unión Europea. Esta normativa aplicará a aquellos vendedores que hayan completado más de 30 operaciones o hayan generado ingresos superiores a 2.000 euros a través de dichas plataformas.

Rendimientos del trabajo

Destaca la disminución en los rendimientos del trabajo que se aplicará a sueldos brutos que oscilen entre 15.000 y 21.000 euros. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública, esta reducción implicará un beneficio para el 50% de los trabajadores y generará un ahorro total de 1.881 millones de euros.

Comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, anunció en el Debate del estado de la región la deflactación del IRPF como medida para ayudar a las familias a afrontar la subida de precios de la energía y la cesta básica, manteniendo su poder adquisitivo.

Esta iniciativa impide que los contribuyentes paguen más impuestos debido al aumento de los sueldos por la inflación. La medida beneficiará a tres millones y medio de madrileños al momento de hacer su Declaración de la Renta, generando un ahorro total de cerca de 200 millones de euros.

Los contribuyentes con ingresos más bajos obtendrán mayores beneficios, con rebajas del 6,2% en la cuota para sueldos brutos de 20.000 euros, del 2,7% para aquellos que ganen 32.600 euros al año, y del 1,5% para sueldos de 90.000 euros.

Planes de pensiones

Se establece un límite individual máximo de 1.500 euros anuales para las contribuciones a planes de pensiones privados con derecho a deducción en el IRPF. Por otro lado, las aportaciones máximas a planes de empresa con derecho a deducción aumentan a 8.500 euros para el año 2022. En conjunto, la suma total de aportaciones con beneficios fiscales se mantiene en 10.000 euros al año.

Rentas de 200.000 a 300.000 euros

Para las rentas que oscilan entre 200.000 y 300.000 euros, se implementa un aumento del impuesto sobre la renta (IRPF) en un punto, pasando del 26% al 27%. En el caso de plusvalías que superen los 300.000 euros, se produce un incremento de dos puntos adicionales, elevando el impuesto al 28%.