Hacienda fuerza a Madrid a gravar la casa de los impatriados pese al criterio de los jueces y la UE

El conflicto entre la Hacienda de María Jesús Montero y la Comunidad de Madrid suma un nuevo episodio, esta vez con los profesionales internacionales como víctimas de la confiscatoriedad estatal en máximos históricos de recaudación. La Agencia Tributaria, respaldada por el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), insiste en imputar renta inmobiliaria a la vivienda habitual de los trabajadores acogidos al régimen fiscal de impatriados, la conocida Ley Beckham. Unos contribuyentes especiales que se supone recibían la consideración de residentes fiscales en España bajo este régimen fiscal especial.

Todo ello ocurre a pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya dictó sentencia en 2024 declarando que esta práctica resulta discriminatoria e incoherente. La paradoja es evidente: mientras la capital atrae a miles de profesionales altamente cualificados, Hacienda penaliza su residencia, incluso a costa de enfrentarse a los tribunales y a la propia Comisión Europea.

Ángel Sánchez, abogado y socio de Golden Partners, experto en real estate y fiscalidad internacional, lo resume así: “La posición de la Agencia Tributaria no se sostiene jurídicamente. El régimen especial de impatriados se regula en la Ley del IRPF, y estos trabajadores son residentes fiscales en España. Negarles la exención por vivienda habitual supone romper la igualdad frente al resto de residentes y genera inseguridad jurídica”.

Hacienda contra el TSJM y Bruselas

El régimen de impatriados fue aprobado en 2005 para atraer talento extranjero a España, permitiendo tributar durante seis años como no residentes, con un tipo fijo del 24 % hasta los 600.000 euros de salario anual. En la práctica, se convirtió en un potente incentivo para profesionales que elegían Madrid por su capitalidad y dinamismo económico.

La sentencia del TSJM en 2024 supuso un antes y un después. El tribunal consideró que imputar renta por la vivienda habitual a estos contribuyentes era una discriminación injustificada. Sin embargo, la Agencia Tributaria rechazó ese criterio, con el respaldo del TEAC, alegando que quienes optan por este régimen deben asumir íntegramente las normas del IRNR (Impuesto sobre la Renta de No Residentes), donde no existe la exención por vivienda habitual.

Ángel Sánchez rebate ese argumento con claridad: “El artículo 93 de la Ley del IRPF regula un régimen singular para residentes, no para no residentes. Pretender lo contrario es un artificio que busca justificar un gravamen injusto. Estamos ante un choque de interpretaciones en el que Hacienda elige ignorar a los tribunales”.

El enfrentamiento no queda solo en el ámbito nacional. La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España al considerar que este gravamen vulnera la igualdad de trato y la libre circulación de personas y capitales, pilares fundamentales de la Unión. De confirmarse, la tesis de Bruselas respaldaría la doctrina del TSJM y obligaría al Estado a rectificar.

Datos que evidencian la contradicción

Más allá del debate jurídico, los números dibujan la magnitud del problema. En 2023, 16.733 contribuyentes se acogieron al régimen de impatriados, con un salario medio de 160.000 euros. Ese mismo año declararon más de 2.700 millones de euros en rendimientos del trabajo, lo que evidencia su enorme contribución a la recaudación.

En 2024, la cifra de impatriados ascendió a 17.312, con un salario medio ligeramente superior, de 162.000 euros. La recaudación del IRNR alcanzó los 4.329 millones de euros, de los cuales 137 millones correspondieron exclusivamente a la imputación de vivienda habitual. Es decir, el castigo fiscal cuestionado por el TSJM y por Bruselas se traduce en apenas un 3 % de los ingresos obtenidos bajo este impuesto.

En los primeros meses de 2025, la Agencia Tributaria ya ha ingresado 1.675 millones de euros por este concepto, lo que confirma una tendencia al alza que preocupa a los expertos en fiscalidad internacional.

Para Sánchez, el problema es doble: “Por un lado, Hacienda erosiona la seguridad jurídica, obligando a los contribuyentes a litigar para recuperar lo pagado de más. Por otro, transmite al exterior la idea de que España es un país hostil para profesionales cualificados, justo cuando competimos con destinos como Lisboa o Dublín que ofrecen marcos mucho más estables y atractivos”.

Madrid, objetivo recurrente

La ofensiva fiscal contra la vivienda habitual de los impatriados no puede entenderse de forma aislada. Madrid concentra más del 60 % de estos profesionales cualificados, atraídos por su capitalidad, su tejido empresarial y una política fiscal más competitiva que la de otras regiones.

En este contexto, decisiones como la eliminación de la Golden Visa, la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio en determinados supuestos y ahora la interpretación restrictiva del régimen de impatriados se perciben como un ataque indirecto al modelo madrileño. El letrado afirma que “la interpretación de Hacienda no solo es técnicamente discutible, sino que en la práctica golpea a Madrid. Es aquí donde se concentra la mayor parte de los contribuyentes bajo este régimen. Se trata de una decisión con implicaciones políticas más que fiscales”.

La paradoja se hace aún mayor si se observa el contraste con la política migratoria del Gobierno. Mientras se endurece el trato a los profesionales que generan riqueza, se mantiene una actitud permisiva con la inmigración irregular y sin cualificación. El resultado es un marco disuasorio para el talento internacional, precisamente el recurso más necesario para sostener la competitividad de España en un entorno global.

Expertos coinciden en que mantener esta presión sobre los impatriados puede tener consecuencias irreversibles. Cada profesional que decide no instalarse en Madrid supone menos inversión, menos innovación y menos ingresos fiscales. La seguridad jurídica es un factor decisivo para atraer talento, y España está fallando en ese terreno.

El propio TSJM subrayó que imputar renta por vivienda habitual a los impatriados “rompe la lógica del sistema tributario”. Pero Hacienda, lejos de rectificar, se aferra a una posición que la enfrenta no solo a los tribunales españoles, sino también a las instituciones europeas.

La recomendación de los expertos, en este escenario, es que los contribuyentes revisen sus autoliquidaciones de los últimos cuatro años y reclamen lo abonado indebidamente. “La jurisprudencia y el respaldo europeo aumentan las posibilidades de éxito en estas reclamaciones”, señala Sánchez. El problema, sin embargo, trasciende las reclamaciones individuales. El mensaje que se lanza al mundo es que en España los marcos fiscales cambian de un día para otro, según la conveniencia de Hacienda, aunque eso suponga enfrentarse a jueces y organismos comunitarios.