El Gobierno subvencionará el gas a las comunidades de vecinos sin distinguir entre rentas altas y bajas
El Gobierno que defiende que sus medidas van orientadas a los más vulnerables y a las rentas más bajas pretende subvencionar el gas de todas las comunidades de vecinos con calefacción central, sin distinguir por niveles de renta. Es decir, se la subvencionará igual a un edificio señorial del Barrio de Salamanca o de Pedralbes que a un bloque de infraviviendas. Una medida generalizada que se contradice con su oposición a ajustar el IRPF a la inflación porque eso beneficia también a «los ricos». Y que va en contra de los acuerdos de la UE que contemplan que estas ayudas se dirijan sólo a la población vulnerable y a la industria (que tampoco se beneficiará de la subvención en España).
Pedro Sánchez anunció el jueves pasado la creación de una nueva tarifa regulada (Tarifa de Último Recurso, TUR) para las comunidades de vecinos con este tipo de calderas hasta finales de 2023 . Una medida que debe concretarse en el Consejo de Ministros de este martes. Pero además, en el plan presupuestario para el próximo año enviado este fin de semana a Bruselas que el Estado asumirá el coste de esta medida con dinero público.
Así, dicho plan incluye entre sus medidas la «asunción del déficit de las tarifas de último recurso de gas», lo que da a entender que también se pagará el citado déficit de las viviendas con caldera individual. No obstante, en el desarrollo de la medida sólo se habla de que «la medida principal consiste en la creación de una nueva TUR transitoria para las instalaciones de gas en comunidades de vecinos, sometida las mismas limitaciones en el incremento del precio que las TUR actuales», es decir, una subida máxima del 15% trimestral.
Tal como está planteada, esta medida implica subvencionar una parte del recibo del gas de las comunidades, concretamente la diferencia entre el precio de la TUR actual (suponiendo que sea el mismo que el de los hogares con caldera individual) y el precio real del gas. La cuestión es que esta ayuda se concederá a todos los bloques con caldera comunitaria, sin distinguir por niveles de renta. Aunque, como el Gobierno va de ocurrencia en ocurrencia en este asunto, todo puede cambiar de un día para otro.
Edificios antiguos y pensionistas
Según el INE, un 6,6% de los hogares españoles tienen calefacción central de gas (en torno a 1,6 millones, según el Gobierno), cifra que alcanza el 7% en las parejas con hijos. Pero el grueso de estos hogares están en bloques antiguos, ya que los nuevos -los que se construyeron en la burbuja inmobiliaria e incluso en años anteriores- tienen en su inmensa mayoría calderas individuales. De hecho, representan el 23,4% del total de hogares.
Y, al ser más antiguos, normalmente la hipoteca suele estar pagada en su totalidad, y los propietarios suelen ser de edad más avanzada; es decir, en muchos casos son pensionistas, que son el único colectivo que no va a sufrir la crisis (las pensiones se revalorizarán con el IPC). Y será, de nuevo, la clase media trabajadora la que sufrague esta subvención con las múltiples subidas de impuestos del Gobierno.
Además de oponerse a la propaganda gubernamental y a los acuerdos europeos, Sánchez desoye con esta medida las recomendaciones del Banco de España, que también insisten en que el gasto público extraordinario para paliar la crisis energética debe concentrarse en las rentas más bajas.
Calderas individuales
En cuanto a las calderas individuales, como ha venido informando OKDIARIO, el hecho de limitar la subida de la TUR a un 15% trimestral ha generado un déficit respecto al precio real del gas -muy superior- que puede acercarse a los 1.000 millones a fin de año, según fuentes del sector. Este déficit deben asumirlo los consumidores, y con intereses del 1,1%, según el Real Decreto 17/2021. Por tanto, se les deberían cargar uno o varios recibos extra cuando acabe esta limitación: en marzo de 2023 si no se vuelve a prorrogar.
Ahora bien, si el Gobierno subvenciona también este déficit, los consumidores no tendrían que hacer frente a estos recibos. De nuevo, no habría distinción entre rentas altas y bajas. Como es lógico, la diferencia entre la TUR y los precios en el mercado libre está provocando un éxodo masivo de consumidores hacia la primera. Éxodo que será aún mayor si, además, no hay que pagar al final ese déficit, sino que lo asume el Estado.