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El Gobierno no prorrogará el bono social y permitirá de nuevo cortar la luz y el agua desde octubre

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y del que depende Acuamed.
Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y del que depende Acuamed.

Se acabaron las medidas sociales del Gobierno aplicadas durante la pandemia. El día que la ministra de Hacienda ha admitido que el déficit será superior al 10,3% comunicado a Bruselas en abril, la titular de Industria, Teresa Ribera, ha señalado que el Gobierno no prevé prorrogar más allá de septiembre la prohibición de cortar la luz, el agua y el gas, y tampoco la renovación automática del bono social eléctrico.

Ribera se ha mostrado este jueves partidaria de «poner orden» a este respecto, «en lugar de funcionar sobre la base de medidas extraordinarias prolongadas», según ha señalado en una entrevista en Europa Press. El Ejecutivo aprobó en julio una extensión de la vigencia automática del bono social y de la prohibición de cortes de suministros básicos hasta finales de septiembre.

Además, en abril se extendió los colectivos que podían recibir el bono social de la electricidad, aunque se trataba de una ampliación excepcional y sólo temporal para atender la situación extraordinaria que algunos consumidores podían sufrir por la crisis por la pandemia.

En virtud de esa norma se permitía ser benefactores a personas que cumplieran determinados umbrales de baja renta familiar y que acreditaran que eran autónomos que han cesado su actividad o que habían visto reducida su facturación en un 75% durante la emergencia sanitaria.

A este respecto, Ribera ha señalado que si puntualmente en los próximos meses vuelve a darse una situación extraordinaria, «pues habrá que buscar una solución extraordinaria». La ministra ha admitido que medidas como éstas amenazan a terceros, en referencia a las empresas, si se alargan en el tiempo.

Renovables

Ribera ha señalado también que anticipará un calendario de subastas de renovables a cinco años, «revisable cada año y con una horquilla» en la capacidad de megavatios (MW) que se pondrá en juego cada ejercicio, con el objetivo de dar una visibilidad a medio plazo para el sector ‘verde’.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno ha destacado que el objetivo es facilitar ese calendario al sector para que «haya una capacidad de anticipación muy clara de hacia dónde van las cosas y cómo se distribuyen también por tecnologías».

El Ejecutivo lanzó a un trámite de urgencia el real decreto para regular el nuevo modelo de subastas para plantas renovables, con el objetivo de lanzar antes de que acabe este año la que será la primera subasta desde 2017, y que las subastas se vayan repitiendo año tras año durante la próxima década.

Ribera ha subrayado que desde el principio se ha tenido en cuenta la necesidad, tanto para los desarrolladores de los proyectos como para los productores industriales, de «tener una cierta previsibilidad» y que, por ello, en un principio, se apostó por fijar una cuota mínima anual -de 3.000 MW hasta 2030 y recogido en alguno de los textos de anteproyecto de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética-, algo que «gustaba mucho» al sector.

Finalmente se decidió no incluir ese objetivo mínimo tras la consulta a expertos y juristas, ha dicho la ministra, ya que tenía «poco sentido vincularse de una manera tan poco flexible a una cifra fija al año, al no ser descartable que la capacidad de absorción pueda ir evolucionando a lo largo del tiempo».

De esta manera, Ribera ha defendido una opción «intermedia» en la que se busca ofrecer un calendario para cinco años, «que cada año se irá revisando».

«Es decir, podremos ir dando una previsión sobre cómo pueden ir evolucionando los años por venir con una cierta horquilla. En lugar de quedarte en los 3.000 MW, el año que viene irá entre 2.000 y 3.000 y el siguiente calculamos que será entre 3.000/4.000 o entre 1.500 y 2.000. Pero ir viendo eso con una cierta capacidad de ajuste, dentro de unos corredores máximos y mínimos», ha destacado.

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