El Gobierno maniobra para evitar que el Congreso rebaje el IVA de carne, pescado, huevos y conservas

La Mesa del Congreso, con la mayoría que conforman PSOE y Sumar, aprobó este martes por la noche el escrito de disconformidad que el Gobierno presentó contra una enmienda del PP, aprobada previamente en el Senado, que proponía reducir el IVA de carnes, pescados, conservas, leche y huevos. La ratificación de esta medida estaba prevista para someterse a votación en el Pleno de este jueves.

La rebaja fiscal se había incorporado durante la tramitación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y planteaba reducir entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de ese mismo año el IVA de carnes, pescados y conservas hasta el 4%, además de eliminar completamente este impuesto para la leche, quesos, huevos, frutas, verduras, hortalizas y legumbres en ese mismo periodo.

El Gobierno ya había intentado vetar esta enmienda en el Senado, amparándose en la prerrogativa que le otorga la Constitución para frenar iniciativas legislativas que impliquen “un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios”. El Ejecutivo defendía que la medida ocasionaría una merma de ingresos para la Administración General del Estado valorada en 3.780 millones de euros.

Se ignoró el veto en el Senado

Pese a ello, la Mesa del Senado, controlada por el PP, rechazó el escrito de disconformidad, permitiendo que la enmienda continuara su tramitación sin obstáculos y fuera finalmente aprobada en el Pleno de la Cámara Alta.

El texto llegó después al Congreso, donde el Gobierno volvió a plantear el veto basándose en los mismos argumentos presupuestarios. En esta ocasión, la Mesa de la Cámara Baja —con mayoría de PSOE y Sumar— sí aceptó el veto tras una reunión celebrada al término de la sesión plenaria.

No es la primera vez en esta legislatura que el Congreso bloquea enmiendas procedentes del Senado: ya ocurrió con la Ley de desperdicio alimentario y con la Ley de navegación aérea. En ambos casos, el Senado abrió un conflicto de atribuciones que deberá resolver finalmente el Tribunal Constitucional.