El Gobierno cede ante el PP y permitirá a los ayuntamientos saltarse la regla de gasto
El Gobierno ha hecho caso al PP y al exministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, que propusieron la semana pasada que no tenía sentido que, en plena pandemia, siguiera en vigor la regla de gasto para los ayuntamientos. Curiosamente el Gobierno sigue gobernando con los últimos Presupuestos Generales del Estado que aprobaron los populares.
Después del gran fracaso del Gobierno en el Congreso de los Diputados, que echó para atrás el decreto de remanentes de los ayuntamientos -ya que el Gobierno quería financiarse a costa de los ayuntamientos con los 14.000 millones del superávit municipal y darles 5.000 millones a cambio-, la ministra de Hacienda propone ahora que se suspenda la regla de gasto de 2020 para los consistorios y negociará que también quede suspendida en 2021.
María Jesús Montero ha afirmado en laSexta que «los ciudadanos van a poder disponer del superávit» y que negociará con los partidos políticos para que el «85% de las medidas» del decreto tumbado en la Cámara Baja, los asuntos en los que sí hay un consenso, salgan adelante.
Finalmente, se suspenderá la regla de gasto para 2020 y se negociará la suspensión en 2021, en el marco de las negociaciones de las cuentas públicas.
Según la portavoz del Gobierno, también se pondrá a disposición de los municipios más de 3.000 millones. En principio, el Gobierno quiere permitir que se gaste además también el superávit de 2018 y 2019, un dinero que los ayuntamientos tenían hasta la fecha bloqueado y que el Gobierno quería confiscarle.
El alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida, nada más conocer la noticia, ha dicho que se trataría de una «buena noticia» si se permite gastar el superávit de 2020 y 2021. Aunque ha avisado que habrá que leer la letra pequeña del nuevo decreto del Gobierno.
Este lunes mismo había una reunión en la Federación de Municipios y Provincias (Femp) muy tensa. Se esperaba que su presidente, Abel Caballero, rectificara después de que el Congreso de los Diputados tumbara el decreto gubernamental para financiar a los consistorios. Desde el PP acusaban a Caballero de dejar a su suerte a los consistorios que no tuvieran ahorros, ya que el decreto que pactó el Ejecutivo con la Femp sólo iba a repartir dinero a aquellos alcaldes que tuvieran ahorros en las arcas municipales.
¿Qué son los remanentes de tesorería?
El Gobierno de Pedro Sánchez fracasó en su intento de confiscar 14.000 millones de euros a los ayuntamientos españoles. El Pleno del Congreso de los Diputados tumbó la convalidación del decreto ley sobre la cesión de los remanentes municipales al Ejecutivo. Una propuesta que había generado una auténtica rebelión municipal. Corporaciones de diversos signos políticos consideraban que el presidente Sánchez quería adueñarse de un dinero que no le pertenecía.
El remanente de tesorería (RT) es el saldo que permite saber la solvencia económica que tienen las administraciones locales al final de cada ejercicio. Incluye los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago o los fondos con los que cuenta. En definitiva, refleja su situación de liquidez.
Los ayuntamientos tienen sus remanentes en los bancos -es su dinero ahorrado-, pero no pueden gastarlo legalmente porque lo prohíbe la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de 2012, también bautizada como Ley Montoro. La norma sólo permite a los consistorio utilizar sus superávits para amortizar deuda o depósitos bancarios. La Constitución también prohibe a las corporaciones locales incurrir en déficit.
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