Fracaso estrepitoso de Ábalos con el Taxi: provoca una ‘guerra’ entre CCAA y Ayuntamientos

El ministro prometió a los taxistas la transferencia a las Comunidades Autónomas de la competencia para regular las licencias VTC, pese a que era una idea que no contaba con muchos apoyos. Sin embargo, sólo unos días más tarde daba marcha atrás y habilitaba a las Comunidades que quisieran, es decir, de forma voluntaria, la regulación necesaria para gestionar y regular el sector en «el ámbito de su territorio».

Tras un amplio receso desde el pasado mes de agosto, el conflicto se ha vuelto a recrudecer en las últimas semanas. El detonante: cuando Ábalos, en el Congreso de los Diputados, anunció una nueva ronda de contactos con los dos sectores implicados, VTC y taxistas. En aquel momento, el titular de Fomento, volvió a recordar que su intención pasaba por hacer opcional para las Autonomías la posibilidad de regular su propio suelo en materia VTC.

El Consejo de Ministros, vía Real Decreto, aprobó la prohibición a las VTC a prestar servicios dentro de la ciudad si no se tenía una segunda licencia gestionada por CCAA y ayuntamientos, pero con un periodo de moratoria de cuatro años, con lo que la situación, por el momento, se quedaba exactamente igual. El objetivo: ahorrarse las posibles indemnizaciones que esto podría suponer.

PSOE, Unidos Podemos, en Marea, PNV, PDeCAT, Compromís, ERC, Coalición Canaria, EH Bildu y Nueva Canarias aprobaron, con la oposición de PP y Ciudadanos, el polémico Real Decreto, pero lo tramitaron como proyecto de Ley, con lo que dejaban abierta la posibilidad de nuevos cambios.

El PP ha pedido, en este contexto, que Ábalos comparezca «de manera urgente» para explicar «las medidas que piensa adoptar el Gobierno en el conflicto que existe entre el sector del Taxi y los VTC». La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, de hecho, calificó la situación de caótica, señalando al ministro de Fomento como el principal responsable. Según fuentes populares, si el ministro no acude a la comisión o no plantea una solución, pedirán su reprobación.

Conflictos entre CCAA y Ayuntamientos

El conflicto de los taxistas proseguía al rechazar la mayoría de estos trabajadores, en asamblea, la oferta del Govern de establecer una horquilla de tiempo de precontratación de los vehículos VTC, que superaría los 15 minutos, y que fijarían los municipios según criterios territoriales, ambientales y de duración del servicio.

Según explicaba el entonces el portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, el comité de huelga había presentado a la asamblea la propuesta de la Generalitat como algo “muy positivo” porque lo veían con “buenos ojos” ya que “se había abierto una puerta”.

Sin embargo, en la asamblea se acordó por mayoría rechazar la propuesta a la espera de saber cuál sería esta horquilla de tiempo, que el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, declinó especificar a la espera de hacer los estudios oportunos.

Por su parte, en Madrid también exigían medidas contra las VTC y las plataformas Uber y Cabify, con lo que acordaron ir a la huelga, coincidiendo con la feria más importante del año en Madrid.

Se trataba de una votación que los líderes del sector calificaron de “orgullo” puesto que, según los datos que facilitaron, se registraron 8.473 votos de un total de 15.000 licencias de taxi que hay en Madrid, si bien los asalariados también estaban convocados.

En el voto de los taxistas estuvo muy presente la celebración de la feria de turismo, posiblemente la mayor de cuantas se celebran al año en Ifema. “Bye, bye, Fitur”, ha sido un mensaje muy exitoso en las redes sociales de los taxistas.

Con esta presión tan directa a la Comunidad de Madrid para que legisle contra Uber y Cabify, los profesionales del taxi madrileños se inspiran en el taxi de Barcelona, que lleva varios años amenazando con bloquear el Mobile World Congress, la feria más importante del año en Barcelona, y obteniendo legislaciones a su favor de Ada Colau gracias a ello.

Sea como fuere, el caso es que ahora se pasan la ‘patata caliente’ entre Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, y entre la Comunidad de Madrid y el consistorio de la capital. Los taxistas siguen exigiendo medidas claras, pero nadie quiere dar respuesta a un conflicto que tiene todos los visos de enquistarse.