FCC ‘caza’ al perito copiando el peritaje clave del ‘caso Acuamed’ a la empresa pública Tragsa

Dos directivos de FCC han denunciado ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Acuamed nuevas irregularidades por parte del perito designado por el Ministerio de Transición Ecológica a instancias del juez para elaborar los peritajes de las obras bajo sospecha. Estos informes se han convertido en claves para poder determinar si los acusados -como defiende la fiscal- inflaron los sobre costes de las obras para pagar más a las constructoras a cambio de regalos -entradas de fútbol-, algo que niegan los acusados y que los sucesivos arbitrajes en la vía civil que se han conocido posteriormente han puesto negro sobre blanco -incluso el Tribunal Constitucional-.

Según el escrito enviado a la Audiencia Nacional por la defensa de Santiago Farré y Miguel Jurado, directivos de FCC, y al que ha tenido acceso este diario, el perito judicial nombrado y pagado por el Ministerio de Teresa Ribera, de quien depende la empresa pública Acuamed, ha entregado al juzgado el peritaje de la obra de descontaminación del pantano de Flix, adjudicada a FCC, copiándolo de un informe realizado por los ingenieros de Tragsa, otra empresa pública.

En el escrito, FCC demuestra con un informe de un perito informático que el perito judicial -que debe ser independiente- recibió el informe de los ingenieros de Tragsa y, posteriormente, creo otro documento con el mismo contenido que fue el que envió al juez. «Resumiendo: aparentemente un empleado de Tragsa escribió el texto del informe que el perito firma y remite al Juzgado creando así la falsa apariencia de ser su redactor», señala la constructora.

Pero, además, Tragsa es parte en este caso ya que fue contratada por Acuamed para finalizar la descontaminación del pantano de Flix ya que acusaron a FCC de no haber acabado el trabajo, algo que posteriormente ganó la constructora que preside Carlos Slim en un arbitraje: el pantano sí estaba descontaminado y Acuamed pagó 45 millones a Tragsa para nada.

«Es decir Tragsa recibe la encomienda para facilitar las reclamaciones contra la constructora y Tragsa es el autor, no solo material, de los informes periciales que debían haber elaborado por sí mismo los peritos nombrados por el Juzgado a instancia del Ministerio de Agricultura. Tragsa recibe en pago de la encomienda de gestión más de 44 millones de euros. Mayor prueba de falta de imparcialidad es difícilmente imaginable», dice el escrito.

En definitiva, el perito judicial, en lugar de hacer personalmente el peritaje de las obras que están bajo sospecha de corrupción copió el peritaje a otra empresa pública que es parte en el caso porque recibió 45 millones de Acuamed para descontaminar un pantano que un arbitraje ha determinado después que ya estaba descontaminado. Todo un sainete, en un caso que utilizó el PSOE en 2016 para cargar contra el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a cuenta de la corrupción.

FCC pide al juez que, con estos nuevos datos, acepte que los peritos de cada parte y el judicial ratifiquen sus informes en sala, como suele ser habitual y que en este caso el magistrado no ha considerado conveniente.

Irregularidades

Lo denunciado por FCC no es nuevo. Como publicó este diario, otra de los acusados presentó un escrito ante el juez en enero de este año en el que demostraban que el perito judicial -independiente- entregó otro peritaje de otras dos obras bajo sospecha de corrupción copiándolo a ingenieros del Ministerio de Teresa Ribera.

Los peritajes son determinantes para conocer si hubo malversación de dinero público, como asegura la fiscal del caso, Inmaculada Violán. No es posible saber si el precio se infló si no se sabe cuál era el precio real de la obra.