España ya estuvo a punto de vivir este apagón eléctrico hace un año

Hace justo un año, España estuvo a punto de vivir el apagón eléctrico que finalmente se ha producido hoy. La noche del 22 de mayo de 2024, Red Eléctrica (Redeia) se vio obligada a interrumpir el suministro eléctrico a la gran industria para equilibrar el sistema y evitar males mayores. Según indicó entonces la compañía en su página web, el operador desconectó a las 21:14 horas un total de 609 MW, la capacidad máxima del denominado Sistema de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD), con el objetivo de garantizar el suministro a los hogares.

Aquella noche, la decisión de aplicar cortes a la industria se debió a una combinación de factores críticos: una menor producción eólica, con una desviación de 1.800 MW; falta de reservas hidráulicas; y la parada simultánea de dos centrales nucleares, una de ellas Ascó I (Tarragona), que notificó una parada no programada a las 20:58 horas. La energía terciaria disponible cayó entonces por debajo de los 1.000 MW, un nivel insuficiente para soportar la desconexión de un reactor nuclear.

La respuesta fue rápida: en pocos minutos se logró reducir entre 900 y 1.000 MW, evitando que se comprometiera el suministro residencial. Según explicó entonces Pedro González, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía, las compañías industriales cumplieron en su totalidad con los requerimientos de Red Eléctrica, lo que permitió que el servicio funcionase sin incidentes y se evitara un apagón en España.

El SRAD, mecanismo de balance previsto en la normativa vigente, permitió entonces gestionar la emergencia limitando el consumo de grandes clientes industriales, con una duración máxima de tres horas y un preaviso mínimo de quince minutos. Red Eléctrica insistió en su momento en que “la continuidad del suministro no se vio comprometida”, y tanto el operador como el Ministerio para la Transición Ecológica descartaron públicamente cualquier riesgo de apagón.

Sin embargo, aquel episodio encendió todas las alarmas. España ya afrontaba entonces un riesgo de cobertura de la demanda que, según un informe de Red Eléctrica, podía agravarse hasta 2030 si no se aceleraba la puesta en marcha de nuevas infraestructuras de almacenamiento energético o se evitaba el cierre de 9.000 MW de ciclos combinados por falta de rentabilidad económica.

El análisis advertía también que, a partir de 2027, con el inicio del desmantelamiento de las centrales nucleares –Almaraz, Ascó I y Cofrentes–, la situación podría tornarse aún más crítica, prolongando los riesgos de suministro hasta el final de la década.

Hoy, apenas un año después, ese riesgo se ha materializado. La falta de reservas, la alta dependencia de renovables sin suficiente respaldo, y la desconexión de capacidades clave han acabado provocando un apagón que marca un antes y un después en la gestión energética del país.