Enresa adjudica por 27 millones el desmantelamiento de Almaraz y pone en riesgo el 5% del PIB extremeño

Enresa, la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las nucleares, ha adjudicado el contrato de diseño del desmantelamiento de la central de Almaraz (Extremadura) a la UTE formada por Westinghouse y Empresarios Agrupados Internacional por 27,5 millones de euros. El contrato tiene una duración de 60 meses, sin opciones de prórroga, y de concretarse afectaría al 5% del PIB extremeño y dejaría en la calle a 4.000 personas.

El objeto del contrato es la prestación del servicio de ingeniería para el desmantelamiento de la central de Almaraz, con objeto de realizar los estudios y la ingeniería de diseño, especificaciones y proyectos de obra y la preparación de la documentación para la autorización del desmantelamiento de Almaraz.

El proceso se inició en mayo, antes de que Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarios de la nuclear, pidieran al Gobierno la ampliación de la vida útil de la central hasta 2030. Pero ahora las energéticas se encuentran en plena ofensiva para conseguir no sólo la ampliación de Almaraz hasta 2030, sino la de las siete nucleares que están activas en España.

El plan firmado entre las energéticas y Enresa (dependiente del Gobierno) en 2019 fijaba un calendario para cerrar las nucleares desde 2027 hasta 2035. La primera en desmantelarse es el primer módulo de Almaraz, en Cáceres.

Sin embargo, directivos tanto de Endesa como de Iberdrola y Naturgy han pedido oficialmente la ampliación de la vida útil de Almaraz hasta 2030 y en declaraciones públicas que se amplíen todas las nucleares al menos diez años más. Así lo pidió José Bogas, consejero delegado de Endesa, hace unos días en la rueda de prensa de presentación de resultados del grupo.

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, señaló también hace unos días que su compañía pedirá oficialmente la ampliación de la vida útil de todas las centrales nucleares. «Las centrales nucleares pueden operar de manera segura durante 60 o incluso 80 años, mucho más allá de los 40 años inicialmente previstos para su vida útil», subrayó.

El argumento de las energéticas es que el escenario del mercado eléctrico ha cambiado y las nucleares son imprescindibles para garantizar el suministro eléctrico. De hecho, toda Europa está volviendo a la nuclear.

Además, el PP está a favor de alargar la vida de las nucleares y los vecinos de Almaraz también han exigido que se revierta el cierre de la central.

Mientras, el Gobierno de Pedro Sánchez ha suavizado su oposición frontal al cierre de las nucleares. La ministra Sara Aagesen ha señalado en los últimos meses que aceptaría ampliar la vida de las nucleares siempre que no implicara un incremento en la factura de la luz para los ciudadanos ni una merma de ingresos para las arcas públicas —las energéticas han renunciado a exigir una rebaja fiscal—.

La pelota está ahora en el tejado del Consejo de Seguridad Nuclear, que tiene que emitir un informe sobre la petición de las energéticas de ampliar la vida de Almaraz. En principio, el Consejo de Seguridad Nuclear emitirá un informe a favor de la ampliación y el Gobierno aprobará ese aplazamiento. Enresa habrá adjudicado entonces un contrato de 27 millones para cerrar una nuclear que no se cerrará.