Las energéticas prevén pagar menos por el impuestazo este año pero será por la caída de los precios

El Gobierno ha hecho todo lo posible por hacer creer a las grandes energéticas que este 2024 podrán aplicar una deducción para inversiones estratégicas vinculadas con la descarbonización en el impuestazo, el gravamen extraordinario que el año pasado les supuso un golpe de 1.355 millones de euros y que podría convertirse en permanente. Fuentes de Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol y Cepsa aseguran a OKDIARIO que este ejercicio pagarán menos por este tributo. Ahora bien, no por la deducción prometida por Sánchez para el próximo abril, sino por la reducción de ventas producida por la caída de los precios energéticos.

En conversaciones con este periódico, las grandes energéticas cifran sus provisiones para el pago del impuestazo de este ejercicio de entre un 22% y un 45% menos de lo que ingresaron el año pasado. Todas, salvo Endesa, que este año ingresará por 2023 prácticamente lo mismo por la configuración de la estructura de su negocio.

El pasado febrero, los precios se moderaron de tal forma que la inflación se situó de nuevo en el 2,8%, una reducción de seis décimas que se debió en gran parte al descenso del precio de la luz, un abaratamiento que contrasta con la subida que experimentó hace un año, en febrero de 2023. Es por ello que las grandes energéticas, en especial las eléctricas, prevén que una reducción de sus volúmenes de ventas que se traduzca en un menor pago del gravamen temporal energético.

El impuestazo entró en vigor a finales de 2022, in extremis para que no diera tiempo a las grandes energéticas a realizar ningún tipo de planificación, y en principio, con el objeto de aplicarlo durante dos años: el 2023 sobre las ventas de 2022 y este 2024 sobre las del pasado 2023.

Así, este ejercicio y salvo que el impuesto no se modifique, las energéticas deberán pagar el 1,2% de las ventas generadas en 2023, un año en el que dichas empresas obtuvieron menos ingresos que en 2022 por la bajada de los precios de la luz, el gas y el petróleo.

En el concreto caso de Repsol, fue el que más ingresó el pasado febrero con un total de 175 millones de euros. Por su parte, Iberdrola pagó el pasado mes 80 millones de euros, Cepsa 121,5 millones y Naturgy casi 50 millones. Y luego está el curioso caso de Cepsa, compañía a la que el impuestazo le hizo cerrar el ejercicio con números ojos de 233 millones. Expertos explican a este periódico que este 2024 Cepsa pagará igualmente la tasa incluso aunque sus cuentas de 2023 hayan sido deficitarias.

Díaz quiere hacerlo permanente

Mientras el sector sigue a la espera de saber si Pedro Sánchez cumplirá con su promesa de aprobar en abril una deducción al impuestazo, su principal socio de Gobierno le sigue poniendo condiciones. Sumar exigió el pasado lunes hacer permanente el gravamen extraordinario a la banca y a las energéticas a cambio de prestar su apoyo los Presupuestos Generales del Estado (PGE) propuestos por el PSOE para este 2024.

Fuentes de la formación de Yolanda Díaz afirman a OKDIARIO que las cuentas públicas podrían recibir el apoyo de la vicepresidenta segunda en apenas días «si Sánchez diera su brazo a torcer con la permanencia del impuesto» pues se trata de una cuestión, a su juicio, «de justicia».

Es más, la formación rosa está dispuesta a trazar esta condición como línea roja para secundar las cuentas públicas. Conocedoras de la cuenta atrás entre los socios de coalición, las grandes empresas negocian con el Gobierno el rediseño del gravamen. O al menos lo intentan, dado que ya dieron por perdida su derogación desde finales del pasado año.

En todo caso, las energéticas desconfían de que salga adelante la revisión del impuesto anunciada a finales del pasado año por Sánchez por las que se podrían deducir las inversiones estratégicas que tengan vinculación con la descarbonización del sector. Por ejemplo, las que tienen que ver con el desarrollo del hidrógeno. Una medida con la que el Gobierno trataría de evitar la fuga de inversiones, como la anunciada por la cúpula de la petrolera Repsol si se prorrogaba el impuesto, advirtiendo con que dichas inversiones las haría en otro país, como Portugal.