Empleo volverá a recurrir al Tesoro para financiar las pensiones de 2018

El Ministerio de Empleo volverá a recurrir al Tesoro Público para financiar una parte de las pensiones el próximo año, con el objetivo de no agotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (conocido comúnmente como la hucha de las pensiones). El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 incluirá el compromiso de que el organismo emita unos 10.000 millones de euros de deuda pública, aunque la cuantía exacta final está aún por determinar.

Fuentes gubernamentales han indicado a OKDIARIO que esta asistencia por parte del Tesoro será muy similar a la que se está realizando este año. En los PGE de 2017 ya se aprobó emitir deuda pública por un importe de 10.192 millones de euros para ayudar a la Seguridad Social a hacer frente al pago de las pensiones. Este dinero se entrega como un “crédito extraordinario” con un plazo de devolución de 10 años a un interés del 0% y que, en teoría, debe ser retornado a partir del próximo ejercicio a su concesión.

Esto supone que, por segundo año consecutivo, es el Estado el que cubre vía presupuestaria una parte de los gastos de la Seguridad Social, organismo que hasta ahora se ha financiado mediante las cotizaciones que pagan los ciudadanos y las empresas. De esta forma, el Gobierno garantiza el pago de las pensiones aunque los ingresos de la Seguridad Social sean inferiores a los gastos, como sucede en la actualidad. A pesar de que la economía española crece por encima del 3% el déficit de este sistema de protección social superará los 18.000 millones de euros también este año.

No obstante, otorgar créditos extraordinarios con la liquidez obtenida mediante emisiones de deuda pública no va a ser la tónica general en el futuro o, al menos, esa no es la intención del departamento ministerial que dirige Fátima Báñez. El objetivo es que los ingresos por cotizaciones crezcan más que los gastos y para ello será necesario alcanzar la mágica cifra de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, reducir algunas prestaciones y, el elemento más polémico: eliminar el tope a la base máxima de cotización para elevar la recaudación.

La paralización de la reforma del sistema de pensiones por la falta de acuerdo político hace prácticamente imposible que el Congreso alumbre un nuevo modelo de financiación a corto plazo, razón por la cual el Gobierno solicita, otra vez, la asistencia del Tesoro Público. La buena noticia es que los ingresos de la Seguridad Social generados por las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y las empresas están creciendo al mayor ritmo de la última década, superando la tasa de incremento del Producto Interior Bruto (PIB) y, por primera vez desde 2008, registrando un repunte superior a las afiliaciones.

La explicación de que siga aumentando el déficit a pesar del buen comportamiento de los ingresos se encuentra en el gran incremento de los gastos, debido al creciente desembolso en pensiones, que registra récords mensuales de forma recurrente. El cambio de la estructura demográfica española ha convertido a la tradicional pirámide de población en un pilar en el que la base (los trabajadores) se estrecha y la cúspide (los pensionistas) se ensancha. Y esta tendencia continuará en el futuro. Por eso es tan importante que se llegue a un acuerdo en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo para reformar la financiación del sistema y evitar el déficit crónico del mismo.

Aunque ningún partido político lo defienda en la actualidad, “es fundamental converger cuanto antes a un sistema de cuentas individuales de reparto, y que la pensión inicial (por encima de la pensión mínima) se calcule en función de las contribuciones realizadas a lo largo de la toda la carrera laboral”, tal como señala un reciente informe de BBVA Research, que considera este factor “una de las mejoras más importantes del sistema.”

Según el departamento de análisis que dirige Rafael Domenech, “no hay razón alguna para demorar su implementación, ya que la transición no tiene por qué suponer coste alguno para las finanzas públicas”.

Suponiendo, por ejemplo, que se consiguiera implantar un sistema de este tipo en 2020, el modelo de BBVA Research establece que las pensiones de los trabajadores que se jubilasen los primeros años vendrían determinadas en su mayor parte por el sistema vigente aunque, a efectos de hacer explícita la solidaridad intergeneracional, en todos los casos debería informarse ya de las pensiones teóricas que corresponderían con las cuentas individuales.

Así, “solo al finalizar el periodo de transición (que en Suecia duró 15 años) se jubilarían los trabajadores con pensiones calculadas íntegramente con el nuevo sistema, que seguirían siendo financiadas mediante cotizaciones y/o otros impuestos corrientes. Además de fortalecer la sostenibilidad, la transparencia de las cuentas individuales de reparto hace también explícito a nivel individual y social la necesidad del ajuste gradual que asegure el equilibrio entre ingresos y gastos del sistema”, indica el estudio.

Además, para BBVA Research, sería conveniente crear cuentas individuales de capitalización de adhesión automática, como en otros países europeos, con aportaciones tanto del trabajador como de las empresas en las que trabaje a lo largo de su carrera laboral, independientemente de que su gestión sea pública o privada. Es lo que se conoce popularmente como la “mochila austriaca” y que serviría también para reducir la presión de las prestaciones por desempleo en las arcas públicas.

El último paso de la reforma, que los analistas de BBVA no proponen en este informe por el elevado coste político que tendría a corto plazo, es pasar de un sistema de reparto a uno de capitalización. Chile fue el primer país en introducir un esquema de este tipo en 1981 y su experiencia brinda lecciones que se podrían aplican para países que, como España, tienen problemas para hacer frente al pago de las pensiones.