Los empleados de Hacienda dan un ultimátum a Montero: «Si no cumple los acuerdos en junio, habrá huelga»

Los empleados de Hacienda atrincherados en la sede de la Agencia Tributaria han lanzado un ultimátum a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pablo Burgos, portavoz de CSIF en la Agencia Tributaria, asegura a OKDIARIO que «si este mes los responsables políticos no dan la cara, vamos a empezar a hacer convocatorias de huelga». Los trabajadores defienden que la política andaluza no está atendiendo a sus reivindicaciones, que no son más que pedirle a la AEAT que cumpla con los compromisos ya firmados y acordados.

«Por parte de CSIF, si sigue la ministra de Hacienda y el secretario de Estado sin dar la cara por los trabajadores, por los contribuyentes y por los ciudadanos de este país, pues nos veremos abocados a promover huelgas en la Agencia Tributaria», ha advertido el representante de los trabajadores.

Los empleados de Hacienda han tratado de evitar la huelga porque consideran que «iría en contra del Estado de Bienestar» y porque entienden que la Agencia Tributaria es «el organismo que ha mantenido una paz social, aguantando con mucha paciencia la actitud de los altos cargos». Sin embargo, todo tiene un límite: «Llega un momento en el que la paciencia se agota».

Ultimátum a Montero de los empleados

Burgos asegura a este periódico que «el punto de inflexión» que puede desembocar en una huelga dentro de la Agencia Tributaria «ya se está produciendo».

«Los representantes de los trabajadores estamos encerrados exigiendo garantías políticas para que, si la Agencia Tributaria de verdad quiere llegar a un acuerdo y actualizar y recomponer las relaciones sociales, se necesita que la ministra de Hacienda y el secretario asuman públicamente que lo que se negocie y lo que se acuerde se va a cumplir».

«Siempre hemos sido sensibles y nunca queremos perjudicar a los ciudadanos, mientras que la ministra de Hacienda y el secretario de Hacienda sigan sin asumir las responsabilidades del desbarajuste que hay, no tendremos otro sentido que hacerlo», avisa el portavoz de CSIF.

Así, el sindicato de funcionarios le da un ultimátum a María Jesús Montero: «Estamos a la espera de que, durante este mes, los responsables políticos den la cara y, si no, vamos a empezar».

Además, los empleados de Hacienda aseguran que ya se están dando los primeros pasos para la movilización masiva: «Estamos ya promoviendo asambleas entre los trabajadores para ir a la convocatoria de huelga».

«Si los trabajadores nos dan el respaldo para ir hacia esas actuaciones, que son las máximas en el conflicto, los representantes de los trabajadores y CSIF están dispuestos a asumir esa responsabilidad», asegura Burgos.

Protestas de los funcionarios

«Si desde la Agencia Tributaria no se atienden nuestras reivindicaciones, nos veremos obligados a convocar movilizaciones y no descartamos la huelga en plena campaña de la Renta», advertía el CSIF hace unas semanas. Ahora, el sindicato ya ha lanzado, por primera vez, un ultimátum a Montero.

La plantilla de la Agencia Tributaria reclama el desarrollo del teletrabajo, así como la negociación de la apertura del servicio telefónico anunciado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sin concretar las retribuciones ni regular los puestos de trabajo.

El sindicato CSIF ha denunciado que en los últimos 6 años la dirección de la Agencia Tributaria se ha dedicado a congelar la negociación colectiva y, sin embargo, sube de manera discrecional las retribuciones de los que más cobran.

En 2023, la AEAT tenía 1.265 trabajadores de los grupos A1 (cuerpos superiores), que cobran los específicos más altos de toda la AGE. «Es decir, mientras que los altos cargos cobran complementos superiores a los 60.000 euros, el grueso de la plantilla tiene bloqueadas sus retribuciones, su carrera profesional y su convenio colectivo», han denunciado desde el sindicato.

La plantilla de la Agencia Tributaria, además, reclama el desarrollo del teletrabajo y la negociación del servicio de atención telefónico, anunciado por María Jesús Montero, «que no ha querido negociar las condiciones laborales de este servicio en jornada de mañana».

Los sindicatos consideran, además, que se debe revisar la productividad, cuyo reparto prima al colectivo de inspectores, discriminando al resto de la plantilla.

Por último, han reclamado las mejoras de las condiciones laborales para el colectivo de Vigilancia Aduanera, catalogando este destino como profesión de riesgo y reforzando los medios materiales y humanos, desarrollando una verdadera Policía Fiscal, «una necesidad que se ha puesto en evidencia tras los trágicos sucesos en Cádiz».