Las eléctricas ponen a trabajar a sus abogados para convencer a Bruselas de que no acepte el tope al gas

Algunas de las principales eléctricas españolas han lanzado una ofensiva en Bruselas para tratar de frenar el tope al precio de gas en las subastas de la luz que el Gobierno pretende aprobar este viernes. El Ejecutivo de Pedro Sánchez está pendiente de la luz verde definitiva de la Comisión Europea, y estas compañías han  puesto a trabajar a sus abogados para convencer a las autoridades comunitarias de que no se la den.

Así lo aseguran fuentes conocedoras de la situación, que explican que el argumento legal que utilizan estos despachos es que la medida que pretende adoptar España supone una limitación de la competencia. Una tesis que comparten los países centrales de la UE, que nunca han visto con buenos ojos la famosa «excepción ibérica».

De hecho, algunas de las fuentes sostienen que el retraso en el visto bueno al tope del gas, que Sánchez anunció a bombo y platillo el 25 de marzo, se debe precisamente a esas reticencias de Alemania y otros países europeos. Estos consideran que la medida rompe el mercado único y supone una ventaja injusta para los consumidores españoles y los franceses, que se beneficiarán del precio más bajo a través de las interconexiones con nuestro país. Por eso, siempre han exigido que le medida fuera temporal y lo más limitada posible.

Pero ahí es por donde van los esfuerzos de los bufetes contratados por algunas eléctricas españolas. Los primeros ejecutivos de las tres grandes -Ignacio Sánchez Galán, José Bogas y Francisco Reynés- han mostrado públicamente su oposición a esta medida e incluso han advertido al Gobierno de que le demandarán en función del diseño definitivo de la medida y, sobre todo, de cómo se compense a las centrales que funcionan con gas por la diferencia entre el precio político del gas y el de mercado.

Los clientes del mercado libre no pagarán

En ese sentido, la ministra Teresa Ribera ha descartado que los clientes del mercado libre (los que tienen un contrato a plazo con precio fijo) asuman esa compensación, ya que no se beneficiarán de la bajada de la tarifa regulada (el conocido PVPC). «Sólo tendrán que compensar a las gasistas los que se beneficien de la rebaja de la factura», aseguran fuentes cercanas al Ministerio de Transición Ecológica.

Esta es una de las exigencias del sector, puesto que no quiere verse obligado a subir la tarifa a sus clientes de precio fijo, que son la mayoría. Asimismo, las compañías tampoco aceptarán una fórmula que les obligue a asumir parte de esa compensación contra sus cuentas de resultados, ya que no están dispuestas a «subvencionar a Naturgy» (la principal productora de electricidad con gas) «ni a los franceses». Aunque no sea así, el tope les perjudicará porque rebajará los ingresos que recibirán las otras tecnologías de generación -hidroeléctrica, renovable, nuclear, etc.- al reducir el precio marginal del sistema.

En todo caso, el Gobierno insiste en que el saldo de la rebaja por el tope del gas menos la compensación será positivo para los consumidores. No obstante, todavía no está claro cómo se incluirá ese coste en el recibo, ni si se abonará mensualmente o se diferirá varios años, como el actual déficit de tarifa.