Los economistas califican de «irrisorio» el plazo para hacer aportaciones a la reforma concursal

Los economistas aplauden el avance que supone la propuesta de reforma de la Ley Concursal presentada por el Gobierno pero claman contra el «irrisorio» plazo dado para trámite de audiencia pública, de apenas 15 días hábiles, del 5 al 25 de agosto, en plenas vacaciones estivales y cuando además no se celebran consejos de ministros. El Consejo General de Economistas considera que pese a entender las «prisas» del Gobierno, es «poco serio» que una ley de tanto calado e importancia para las empresas tenga tan poco tiempo para aportar cambios.

Los economistas critican que no se aborde «con seriedad» la implantación del mecanismo de alertas tempranas, que no se garantice la gestión profesionalizada en los nuevos procedimientos para microempresas y que no se haya avanzado en la exención del crédito público.

Los economistas admiten también la introducción de algunas mejoras incluidas en la reforma. Destacan que el nuevo texto impulsa los planes de reestructuración, con el consiguiente desarrollo de la fase preconcursal, para tratar de evitar así el mayor número posible de liquidaciones, dado que las empresas en España llegan tarde al concurso.

Supone un avance también en su opinión la inclusión de un procedimiento específico para microempresas como existe en otros países, si bien no se garantiza la gestión profesionalizada de estos procesos. No obstante, consideran que se siguen manteniendo algunos aspectos negativos que, a su juicio, podrían «dar al traste» con los objetivos fijados en el texto.

Aspectos negativos

En primer lugar, el Anteproyecto evita abordar la transposición del mecanismo de alertas tempranas dispuesto en la Directiva Europea, al dedicar una disposición final a describir la futura implantación -en 2022- de un sistema básico que, en opinión de los economistas, «no parece que vaya a permitir detectar los riesgos de insolvencia de una forma eficiente».

Otra de las críticas formuladas por los economistas es la ausencia de claridad en la profesionalización de la asistencia a los empresarios en los procesos de reestructuración en los que, si bien desarrolla los contenidos de naturaleza financiera y de viabilidad que deben contener dichos planes, omite desarrollar los aspectos subjetivos que deben cumplir los profesionales encargados de unas tareas tan esenciales para garantizar el éxito de estos procedimientos.

Además, lamentan que no se haya avanzado y aprovechado esta reforma para llegar a una postura intermedia en cuanto a una mayor extensión del crédito público en segunda oportunidad, especialmente para autónomos y emprendedores.

Desde el Consejo General de Economistas presentarán alegaciones en la fase de audiencia pública sobre estos y otros aspectos, según han avanzado a través de un comunicado este jueves.