La economía desmiente a Sánchez: los salarios suben cuatro veces más que los beneficios empresariales

Aunque la opinión que transmite con frecuencia el Gobierno es que los beneficios de las empresas están disparados mientras los salarios apenas han recuperado el poder adquisitivo perdido en los últimos años, las estadísticas reflejan lo contrario. Lo que ha sucedido realmente es que la remuneración de los asalariados ha aumentado un 8,4% en términos anuales mientras el excedente de las compañías apenas lo ha hecho un 2,6%, casi cuatro veces menos según la contabilidad nacional del primer trimestre del año publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

Esto no ha impedido que el presidente Sánchez aprovechara esta semana la clausura del Instituto de Empresa Familiar para pedir a los principales propietarios y ejecutivos de las compañías más señeras del país que mejoren los sueldos de los empleados y las condiciones laborales de la plantilla. «Debemos motivar a los empleados, recompensarlos, tenemos que pagar mejores salarios, reforzar la formación, flexibilizar los horarios y hacer que el trabajo sea una experiencia satisfactoria», dijo.

Los datos de Contabilidad Nacional demuestran, sin embargo, no sólo que la retribución a los trabajadores ha subido con intensidad al tiempo que los beneficios se han comportado moderadamente, sino que esta evolución se ha producido en un contexto en el que los impuestos netos sobre la producción y las importaciones han aumentado un 6,3% en términos anules entre enero y marzo, después de registrar crecimientos del 11,2% y del 24,7% en los dos últimos trimestres de 2023, respectivamente.

La diferencia más importante entre la evolución de los salarios y de los beneficios en favor de los primeros comienza a producirse a partir de julio del año pasado y se sostiene prácticamente desde entonces gracias el éxito de las presiones sindicales y del efecto de la firma de los convenios colectivos, muchos de los cuales recogen aumentos salariales significativos sobre todo en las grandes empresas y en aquellos sectores que están teniendo una mayor pujanza de la actividad.

A pesar de esta situación, a la que se añaden las numerosas regulaciones establecidas por el Gobierno, obligando a las empresas a facilitar la movilidad de los trabajadores, cumplir con las exigencias sobre igualdad de género y el colectivo LGTBI y demás exigencias, Sánchez sostiene la opinión -y así lo dijo en la asamblea anual del Instituto de Empresa Familiar celebrada el pasado miércoles- de que «todavía hay margen para ahondar en la protección de los trabajadores y, al mismo tiempo, redistribuir mejor los beneficios. Os animo a mejorar las condiciones laborales de vuestros trabajadores». El presidente completó su discurso asegurando que «tenemos que usar los beneficios actuales para conseguir ganancias de productividad».

Irónicamente, la productividad, medida tanto por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo como por hora trabajada, está por los suelos y lleva tiempo evolucionando de manera mortecina, siendo identificada por todos los servicios de estudios del país, así como por el Banco de España, como uno de los principales problemas de la economía. Pero no hay duda de que estos magros resultados tienen que ver con las políticas del Gobierno, principalmente aquella relacionadas con el sistema educativo.

Durante la presentación del informe anual de la institución, el gobernador Hernández de Cos fue muy crítico con la estrategia del Ejecutivo de cara a impulsar la actividad económica. Constató la baja productividad del sistema productivo, cargó contra la subida de los costes laborales -debida fundamentalmente al aumento de las cotizaciones sociales-, que están por encima de la media de la UE, y se mostró contrario a una eventual reducción de la jornada laboral.

Ésta es una de las medidas estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la líder de Sumar, que parece haber encontrado eco en el propio presidente Sánchez. «Reducir la jornada laboral sin que ésta vaya acompañada de un aumento de la productividad y de una reducción de los costes», sería muy perjudicial para la economía española, según Hernández de Cos.

Otro de los caballos de batalla del banco emisor son los costes laborales,  «que vienen mostrando un elevado crecimiento». Esto se debe, según el gobernador, a que en los últimos trimestres la remuneración por empleado ha venido registrando aumentos superiores a los incrementos de salarios pactados en convenio. Y a su juicio, este crecimiento de la retribución de los trabajadores, en un entorno de incremento de los costes laborales no salariales -debido al aumento de las cuotas sociales- y un débil comportamiento de la productividad, ha generado incrementos de los costes laborales unitarios por encima de los observados en el resto de la Unión Económica y Monetaria desde el inicio de la pandemia, lo que podría acabar afectando a la competitividad de las empresas españolas.