Deloitte perderá el trono de las auditoras en España

Deloitte
Sede de Deloitte en Nueva York.

El sector de la auditoría se enfrenta a un cambio en España tras la reforma normativa impulsada por Bruselas que obliga a las grandes empresas a cambiar de firma cuando la relación laboral dura más de 10 años. Deloitte va a ser la principal perjudicada, ya que es la empresa que lidera el ranking de facturación y audita a la mayoría de las compañías del Ibex 35.

En la actualidad, hay siete grandes grupos empresariales que son auditados por Deloitte desde hace más de dos décadas. Se trata de Acciona, ACS, BBVA, Caixabank, FCC, OHL y Repsol. El Banco Santander estaba en esta lista hasta el pasado año y ahora ha sido sustituida por PwC.

La reforma normativa y la crisis reputacional son los factores que harán perder a Deloitte el primer puesto

El impacto que supondrá para las cuentas de la firma el fin de la relación laboral es muy significativo. Sirva como ejemplo el peso que tenía el Santander sobre la facturación de Deloitte, a quien abonó más de 75 millones de euros en el último año, incluyendo servicios profesionales aparte de la labor de auditoría.

Teniendo en cuenta que Deloitte ocupa el primer lugar en la lista de auditoras por facturación, con una cifra de negocio de 650 millones de euros y que la segunda en el ranking es PwC, con 464 millones de euros, la salida de dos grandes compañías del negocio auditor de Deloitte sería suficiente para hacerle perder el liderazgo en volumen de ingresos.

Nueva Ley de Auditoría

No obstante, fuentes de la empresa indican que no se producirá una pérdida neta de clientes, ya que a muchos de ellos la firma le podrá seguir ofreciendo servicios de consultoría y, además, sus competidoras también tienen clientes con más de 20 años de antigüedadMapfre, Indra, Grifols, Popular, Sabadell o Gas Natural podrían cambiar de auditora en los próximos meses.

La reforma regulatoria impulsada por Bruselas se incorpora a España a través de la nueva Ley de Auditoría de Cuentas, que entrará en vigor el próximo verano y que provocará los citados movimientos durante la primera mitad de 2016. No obstante, fuentes del sector explican que el cambio de auditora no será obligatorio en el corto plazo, sino que se establecerá un periodo para realizarlo.

Deloitte
Un oficina de Arthur Andersen en Londres, en 2001. (Foto: GETTY)

¿Deloitte o Arthur Andersen?

Deloitte considera que los grandes grupos empresariales que audita en España no van a cambiar de firma, ya que las cuentas de la mayor parte de estas compañías sólo han sido fiscalizadas por la auditora desde 2002. La razón de esta diferencia es que Deloitte no incluye en el cálculo el periodo anterior a este año porque las auditorías fueron realizadas por Arthur Andersen.

Las fuentes consultadas por este diario recuerdan que ambas empresas se integraron “de facto”, e incluso los mismos socios que antes trabajaban para Arthur Andersen pasaron a desarrollar su labor en Deloitte auditando a las mismas empresas.

Crisis reputacional

El cambio regulatorio no es el único factor que reducirá la cartera de clientes de la auditora, ya que Deloitte pasa por una crisis reputacional que ha llevado incluso a algunos socios a ofrecerse a compañías de la competencia (KPMG, Erns&Young y PwC), tal como avanzó Okdiario.

Abengoa
Acto de inicio de cotización de Abengoa en Wall Street. (Foto: EFE)

El descrédito de la firma se produce por su papel en algunos de los escándalos financieros más sonados de los últimos tiempos. Deloitte ha vuelto a saltar a la actualidad con la crisis de Abengoa, ya que ha sido la encargada de fiscalizar las cuentas de la empresa sevillana en los últimos tres años, recibiendo 20 millones de euros sin poner objeciones que hicieran sospechar que la compañía iba directa a la quiebra. Tan solo se pronunció semanas antes de que Abengoa diera el primer paso para solicitar el concurso de acreedores.

No es el único caso que afecta a Deloitte. La consultora avaló las cuentas de Bankia en su salida a Bolsa sin detectar el agujero económico del banco, que ha terminado necesitando más de 22.000 millones de euros de dinero público. De hecho, la auditora fue sancionada con 12 millones de euros por el Gobierno (a través del ICAC) y se quedó a las puertas de la imputación penal.

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