El Cupo Vasco le cuesta 2.000 millones de euros anuales al resto de España

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) quiere proteger a toda costa el Concierto Económico del que disfruta la comunidad autónoma que gobierna, y que le permite aportar unos 2.000 millones de euros menos de los que debería ingresar cada año en la caja del Estado. Es decir, que el resto de comunidades autónomas deben aportar este volumen de dinero para que no se produzca una reducción de la recaudación pública nacional.

El lehendakari Iñigo Urkullu está preocupado tras las declaraciones de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en las que se plantea la posibilidad de revisar este sistema de privilegio fiscal. “Hay comunidades peor financiadas que otras y hay que modular el Cupo Vasco”, ha señalado Díaz. Por su parte, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, considera necesario “revisar” el modelo, pero manteniendo el sistema de Concierto Económico.

Por ello, Urkullu ha querido aprovechar su intervención en el Parlamento Vasco para indicar que el modelo es “histórico, legal, solidario y eficaz”, lanzando un aviso a navegantes: “no vamos a permitir una modificación unilateral del Concierto económico; es una línea roja que no vamos a admitir que se traspase”

El Concierto Económico fue creado en 1878 tras la última guerra carlista, con el objetivo de lograr una forma transitoria de integración de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que en aquella época eran provincias “exentas” y quedaban fuera del sistema tributario.

Tal como explica Mikel Buesa en un trabajo académico sobre el Cupo publicado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el sistema “se concibió como un sistema provisional de duración limitada a ocho años, durante las cuales las citadas provincias se irían integrando en el sistema económico español”. Sin embargo, la transitoriedad se convirtió en permanencia hasta 1937, cuando fue derogado el modelo, retomándose con la llegada de la Transición y refrendada en 2002.

El régimen fiscal vasco implica que las diputaciones recaudan todos los impuestos y las entregan al gobierno autonómico, que gestiona su presupuesto de forma independiente sin la participación de la Hacienda española. A cambio de este privilegio, el País Vasco para una especie de canon (el Cupo) por el coste que tienen los servicios derivados de las competencias estatales, tales como la Defensa, la representación exterior, el mantenimiento de las instituciones y las infraestructuras.

En la práctica, el País Vasco sale ganando con este modelo, rompiendo el principio de solidaridad territorial. Según los cálculos de Mikel Buesa, el desfase anual es de 2.000 millones de euros, una cifra que la Agencia Tributaria sitúa en los 1.820 millones y que el académico e inspector de Hacienda, Ángel de la Fuente eleva a 4.500 millones. La clave está en la forma de calcular el porcentaje de ingresos que debe aportar el País Vasco al Estado, sistema que se ha visto afectado por la necesidad de PSOE y PP de pactar con el PNV para poder formar gobierno en varios momentos de la joven democracia española.

Este régimen fiscal privilegiado está protegido en la Constitución, en cuya disposición adicional se señala que España “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”, lo que incluye también a Navarra, que disfruta de un modelo fiscal similar al vasco.

Al mismo tiempo que mantiene esta independencia fiscal, el País Vasco disfruta de la solidaridad del resto de España en materia de Seguridad Social, ya que el sistema de protección social se configura en torno a una caja única en todo el territorio español. Sin la red estatal los jubilados vascos no podrían cobrar sus pensiones, ya que el déficit es de 1.753 millones de euros. La factura de las pensiones es de 7.600 millones de euros (con datos de cierre de 2014) y los ingresos por cotizaciones sociales son de 5.847 millones.