Chapuza en Acuamed: el Gobierno burla al juez y ordena una auditoría light de las obras bajo sospecha

Teresa Ribera, ministra de Medio Ambiente, está burlando al juez del ‘caso Acuamed’, Manuel García Castellón, y ha contratado a dos peritos con la orden de que realicen una auditoría light de cinco de las obras bajo sospecha de que la cúpula de esta empresa pública, en connivencia con las constructoras, inflara el coste de las obras a cambio de regalos.

Pese a que el magistrado ha ordenado en sendos autos de marzo y mayo de este año realizar un peritaje de las obras completo y determinar así si se infló o no el precio pagado por Acuamed -base de la acusación de la Fiscalía-, el ministerio que dirige Teresa Ribera ha contratado en julio a dos peritos del Colegio de Ingenieros con la orden de hacer un examen únicamente de la «realidad física» de las cinco obras. Así se refleja en el contrato publicado en el BOE el 24 de julio. Los peritos son Francisco Gómez y Pablo Rosas.

¿Realidad física o peritaje completo de las obras? Aunque parezca una cuestión baladí, se trata de algo clave para el caso y que ha provocado varios escritos entre las acusaciones y las defensas, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas. «Hacer un informe de la realidad física actual de las obras no va a dar el precio exacto porque no tiene en cuenta otras cuestiones como los retrasos en las obras, cambios pedidos por el contratista… Eso elevó el precio», explican fuentes jurídicas.

El Gobierno socialista -el caso fue utilizado para atacar al anterior Gobierno del PP por corrupción- insiste en el peritaje light pese a los autos del juez, mientras la fiscal aún no se ha pronunciado a la petición de las defensas de ampliar la auditoría. Tampoco se ha pronunciado sobre la ampliación del peritaje a la obra de la desaladora de Campello-Muchamel, en Alicante, también bajo sospecha.

Este peritaje light favorecerá a la fiscal y, por extensión, al propio PSOE que podrá seguir manteniendo la acusación de las corruptelas de la cúpula de Acuamed nombrada por el PP. Si la auditoría es más exhaustiva y echa por tierra la idea de que se inflaron los precios, el caso no existe. «Lo extraño es que el Gobierno y la fiscal quieran una auditoría light en vez de llegar al fondo del asunto», aseguran fuentes del sector.

Tres años sin hacer nada

Esta nueva singularidad en el ‘caso Acuamed’ se une al hecho de que, tres años después de iniciada la denuncia y las detenciones -que acabaron con algunos implicados en cárcel preventiva-, todavía no existe un informe con el precio de las obras, algo imprescindible para determinar si los sobrecostes pagados por Acuamed estaban justificados se hicieron a cambio de regalos.

Como publicó este diario en abril, la fiscal del caso pidió estos informes al IGAE, que determinó que no había nada irregular en los procesos aunque sin entrar a valorar económicamente las obras porque no era un experto en la materia.

Poco después, el ministerio de Medio Ambiente reconoció también al juez que no había hecho esas auditorías. Cuando el fiscal las ha pedido, el Gobierno ha ordenado que sean solo ‘light’.