Crisis energética

Buenas noticias: la luz bajará un 30% en febrero pese a la inacción del Gobierno

Mitos sobre la electricidad
Torrres de electricidad
Eduardo Segovia
  • Eduardo Segovia
  • Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.

No hay mal que cien años dure, ni siquiera el temporal Filomena y el estratosférico precio de la luz que ha provocado. El mercado de futuros de la electricidad anticipa una caída de la cotización mayorista del megawatio desde los 87,05 del jueves hasta 58,75 en febrero, cerca del 33%; o dicho de otro modo, que el precio será un tercio del actual. Y eso gracias a la mejora esperada de la meteorología, a pesar de que el Gobierno no ha tomado ninguna medida para reducir el recibo de la luz de los hogares.

Como ha venido explicando OKDIARIO, este precio mayorista se traslada cada día al precio que pagan los clientes con tarifa regulada -algo más del 40% del total-, el llamado Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). De ahí que sus oscilaciones se reflejen en el recibo mensual, en la parte de energía consumida.

Como es sabido, durante el temporal ese precio ha llegado a superar los 90 euros por megawatio, debido a la fuerte demanda de energía por las bajas temperaturas, a la ausencia casi total de generación renovable y a la escalada del precio del gas en los mercados internacionales (no solo hace frío en España). El gas es la llamada energía de reserva, que es la que que se utiliza para producir electricidad mediante las centrales de ciclo combinado cuando no hay suficiente de origen renovables para atender la demanda; y al ser la última que entra en el sistema, es la que marca el precio (es lo que se denomina «precio marginal»). Si estamos usando mucho gas y el gas está muy caro, el precio de la luz se dispara.

El temporal pasará y volverán las renovables

El mercado de futuros, donde se compra y vende electricidad a una fecha y un precio determinado, descuenta que la situación actual es muy excepcional y que el precio bajará notablemente en las próximas semanas. Pasará la ola de frío y nieve, volverá a haber producción eólica (no tanto fotovoltaica, ya que el invierno siempre es malo para ella por las pocas horas de sol y la inclinación del astro) y los precios del gas bajarán por la mejor meteorología, un aumento de producción mundial (van a entrar nuevas plantas de producción) y un mayor suministro a España precisamente por los altos precios que están pagando nuestras eléctricas por él.

Ahora bien, aun así, el precio de la luz en los próximos meses seguirá por encima de los mismos niveles de 2020, ya que la meteorología fue mucho más benigna entonces. Y no hay que olvidar que en marzo del año pasado comenzó el confinamiento total, lo que desplomó el consumo y, con él, el precio de la electricidad. Se marcaron unos niveles mínimos ya que se trataba de una situación excepcional, igual que la borrasca Filomena.

No obstante, dado que en España el consumo de luz solo supone entre el 35% y el 40% del recibo mensual, esta caída del precio mayorista no se va a trasladar íntegramente a la tarifa. Como tampoco lo hará la subida de los últimos días, que, aun así, puede suponer hasta 20 euros más en el próximo recibo en un hogar con un consumo medio. Es decir, el recibo de febrero no será un 33% más barato que el de euro.

El Gobierno sigue sin mover un dedo

Precisamente, donde puede actuar el Gobierno de inmediato es en ese 60%-65% de la factura que no depende de la cotización de la electricidad; cambiar el sistema de fijación del precio mayorista para penalizar a las eléctricas, como quiere Pablo Iglesias, es mucho más complejo y Bruselas lo impediría. Por el contrario, sí puede impedir que se indexe automáticamente el precio regulado al mayorista, y puede adoptar fórmulas para suavizar sus altibajos.

El ámbito donde puede actuar más fácilmente es el de los impuestos. En España se pagan tres tributos en el recibo eléctrico: el impuesto eléctrico de los hogares, un 7% sobre el total de la factura y no solo el consumo; el IVA, del 21% y que se calcula también sobre el impuesto anterior (un impuesto sobre otro impuesto); y el impuesto a la generación que pagan las eléctricas e incluyen en el precio mayorista (lo trasladan a los consumidores).

Pero el Ejecutivo no tiene ninguna intención de eliminar o rebajar estas cargas a pesar de que la energía es un bien de primera necesidad y de que prometió acabar con la pobreza energética. Primero, se escudó en que Bruselas no permitiría una rebaja del IVA, cosa que es falsa; y después, ha acabado reconociendo que no baja los impuestos porque se perdería recaudación con el déficit público desmadrado.

También puede actuar, y no lo hace, sobre otros conceptos del recibo, como el término fijo de potencia, es decir, lo que pagamos por el mero hecho de tener acceso a la luz antes de encender un interruptor, o el alquiler del contador.

En lo único en lo que ha empezado a avanzar tímidamente es en los llamados costes y peajes: todo lo que se incluye en el recibo que no tiene que ver con la generación de electricidad. En ese campo, quiere sacar del recibo en cinco años las primas a las renovables de Zapatero y Rajoy que seguimos pagando. Pero también se incluyen el déficit de tarifa acumulado durante años (porque costaba más producir la electricidad de lo que se pagaba por ella), la insularidad (que los habitantes de las islas paguen el mismo precio que los de la península), las subvenciones a la minería, etc.

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