Bruselas ha vuelto a avisar al Gobierno de Pedro Sánchez de que puede suspender los fondos europeos por la insostenibilidad de las pensiones. La Comisión Europea ha recordado a España que la reforma del sistema de pensiones debe ser sostenible fiscalmente para poder recibir los fondos Next Generation y que «si se considera que no se han cumplido satisfactoriamente todos los hitos y objetivos asociados a un tramo, suspenderá parcialmente el pago».

En concreto, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha contestado por escrito a una pregunta de la eurodiputada de Ciudadanos Eva Poptcheva sobre las medidas que adoptará Bruselas si la reforma que lleve a cabo el Gobierno de Sánchez no cumple los requisitos de equidad intergeneracional y sostenibilidad que reclama el Ejecutivo comunitario.

En junio, la Comisión Europea aprobó el segundo pago de fondos a España por valor de 12.000 millones. Sin embargo, en eses momento ya mostró y trasladó su preocupación por la sostenibilidad fiscal de todo el paquete de medidas, incluido el mecanismo de equidad intergeneracional.

En su contestación a la eurodiputada, Gentiloni recuerda que en la evaluación avisó de que para respetar el objetivo general de sostenibilidad fiscal del paquete, habría que abordar «el riesgo de una desviación presupuestaria significativa derivada de las medidas adoptadas y tenerlo también en cuenta en el diseño de otras reformas pendientes», según informa Servimedia.

Próximo pago

Ahora, con vistas al siguiente pago, Gentiloni dice que se analizará «el cumplimiento satisfactorio» de las medidas, «incluida la sostenibilidad fiscal a largo plazo de las reformas de las pensiones emprendidas en 2021 y 2022».

El comisario también subraya que Bruselas «no puede especular sobre el resultado de esta evaluación», pero advierte de que, por regla general, «si se considera que no se han cumplido satisfactoriamente todos los hitos y objetivos asociados a un tramo, suspenderá parcialmente el pago».

Gentiloni informa de que el Estado miembro de que se trate dispondrá, en el caso de que se suspenda el pago, de seis meses para tomar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos, «y si esto no se ha hecho en el plazo de seis meses, se reducirá proporcionalmente el importe total de la contribución financiera y, en su caso, del préstamo».