No ha habido acuerdo entre Ana Botín, presidenta de Banco Santander, y Andrea Orcel -el banquero estrella al que fichó como consejero delegado en 2018 y a cuya contratación renunció antes de que se incorporase al banco- para evitar el juicio programado para el próximo día 10. El italiano había rebajado la indemnización solicitada a la mitad, de 112 a 56 millones, pero el banco sigue considerándola disparatada, por lo que se ha negado a negociar y prefiere que sea el juez quien decida, según fuentes conocedoras de la situación.

Un portavoz de Santander ha negado que el banco haya recibido ninguna oferta formal de Orcel, por lo que no ha habido posibilidad de ninguna negociación.

La rebaja de pretensiones de Orcel deriva de su nombramiento como consejero delegado del italiano Unicredit, con el que recupera el poder adquisitivo perdido y tiene más difícil justificar los daños y perjuicios que incluye en su reclamación. El banquero italiano siempre ha asegurado que el fichaje frustrado por Santander ponía fin a su carrera, ya que no podría ser contratado por otro banco, cosa que ahora ha quedado desmentida.

Ante esta situación, se especuló con una retirada de la demanda o una rebaja de la cuantía reclamada, que es lo que finalmente ha hecho. Sin embargo, Ana Botín no ha querido negociar porque sigue considerando que no tiene ningún sentido pagar ni 56 ni 112 millones, puesto que la postura del banco es que no debe indemnizar a Orcel con ninguna cantidad.

Presión del BCE

Este rechazo se produce a pesar de las presiones del Banco Central Europeo (BCE), a quien no le gusta nada un pleito entre dos de las principales entidades financieras bajo su supervisión, Santander y Unicredit. El organismo, que tiene como vicepresidente a Luis de Guindos, preferiría que alcanzaran un acuerdo que evite el juicio. Algunas fuentes no descartan que se llegue a una solución de última hora (el típico acuerdo en la puerta del juzgado), pero tendría que ser por una cantidad muy inferior a los 56 millones citados.

El quid de la cuestión es que Santander considera que la carta-oferta con la que Orcel abandonó el banco suizo UBS para fichar por el español no era un contrato formal y que Orcel incumplió su compromiso de negociar con UBS para que le pagara una parte del bonus de más de 50 millones al que debía renunciar con este fichaje. A favor de su tesis está que la contratación de Orcel nunca llegó a recibir el visto bueno de la junta de accionistas del banco ni el OK del BCE a su idoneidad, ambos preceptivos para que pudiera incorporarse.

Por el contrario, el italiano considera que la carta-oferta tiene valor contractual y, por eso, sostiene que el banco español incurrió en incumplimiento de contrato, por lo que debe indemnizarle. Los citados 112 millones que reclama Orcel incluyen el bonus perdido de UBS, una prima de fichaje de 17 millones prometida por Santander, los 10 millones anuales que iba a cobrar en el banco español y que ha dejado de percibir durante más de dos años, y una indemnización por daños y perjuicios al considerar que su carrera se acababa con 55 años, algo que queda descartado con su incorporación a Unicredit.

Una relación de amor que se convirtió en odio

En UBS, y anteriormente en Merrill Lynch, Orcel había sido el banquero de inversión de cabecera del fallecido Emilio Botín, y como tal había diseñado sus grandes operaciones internacionales como las de ABN Amro y Antonveneta.

Una vez que Ana Botín había sucedido a su padre, Orcel también fue el muñidor de la estrategia de esperar a que cayera Banco Popular -en vez de pujar en la subasta que puso en marcha Emilio Saracho- para poder quedárselo gratis (aunque fue necesaria una ampliación de capital de 7.000 millones para absorberlo). Esta relación fue determinante para que la actual presidenta pensara en él como primer ejecutivo con la intención de dar un vuelco a Santander y, sobre todo, hacer remontar su hundida cotización bursátil.

Sin embargo, antes de que se incorporara oficialmente al banco español, surgieron dos problemas que, a la postre, resultaron insalvables. El primero fue que Orcel quería tener amplios poderes para poder llevar a cabo la tarea encomendada, algo que mermaría los de la presidenta. Una de las primeras medidas que pretendía llevar a cabo el banquero era la venta de la unidad en Estados Unidos. Y el segundo fue el dinero.

Los banqueros de inversión son los ejecutivos que más ganan en el sector financiero, y fichar por Santander implicaba que Orcel renunciaría a un bonus de más de 50 millones de euros en UBS. En estos casos, lo normal es que la entidad que contrata se haga cargo de ese dinero, pero Botín consideró que esa cifra nunca vista en la historia de Santander provocaría un gran escándalo mediático y sentaría mal en el entonces nuevo Gobierno socialista de Pedro Sánchez, apoyado por Podemos en la moción de censura.

Así que pidió a Orcel que negociara con UBS para que se hiciera cargo de parte de ese dinero y rebajar así la factura para el banco español. El italiano accedió pero no consiguió convencer al presidente de UBS, Sergio Ermotti, según su versión; según la de Santander, ni lo intentó. Ante esta situación, que empezaba a prolongarse en el tiempo, Botín decidió dar marcha atrás, descartar el fichaje, y volver a nombrar consejero delegado a José Antonio Álvarez.