El BCE aconseja prudencia en la rebaja del IRPF de Feijóo ante el déficit explosivo que le deja Sánchez

El Banco Central Europeo considera que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, gana las próximas elecciones del 23 de julio debería ser prudente en las rebajas fiscales que ha anunciado, especialmente en la que afecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), ante el déficit explosivo que heredará del actual Gobierno de Sánchez, según fuentes solventes de la institución con sede en Fráncfort consultadas por OKDIARIO.

En opinión de los técnicos del banco central, la deflactación de la tarifa del impuesto, que se ha negado a aplicar Sánchez, y que ha proporcionado al Ejecutivo del PSOE más de 40.000 millones extra de recaudación, así como la propia reducción de los tipos del tributo podría generar claros incentivos en los ciudadanos para trabajar más o ingresar en el mercado laboral -la tasa de paro de España está situada en el 13% y la de los jóvenes supera el 30%-, pero a corto plazo podría ocasionar una merma de ingresos para la Hacienda Pública y complicar aún más la viabilidad de las cuentas del Estado.

Según los datos estadísticos oficiales, el déficit público se situó en 2022 en el 4,8% del PIB y las mejores previsiones para el ejercicio en marcha lo sitúan como máximo rondando el 4%. La conclusión es que, el año pasado, España fue, junto a Francia e Italia, el único estado miembro de la Eurozona que incumplió las reglas fiscales establecidas en el tratado fundacional de la Unión Europea: en concreto un déficit público superior al 3% y una ratio de deuda pública en relación al PIB del 60%.

El BCE respalda su ‘petición’ de prudencia a Feijóo, en caso de que gane las elecciones, en que el año que viene entrarán de nuevo en vigor las normas fiscales europeas, que han estado suspendidas los últimos años tras la crisis del Covid y posteriormente la guerra en Ucrania. Pero en estos momentos, la presión algunos gobiernos, como destacadamente el alemán, el holandés, más los países nórdicos, se ha impuesto en el sentido de recuperar definitivamente las reglas fiscales convencionales.

La conclusión es que, de no corregir sus cuentas, España pasará en 2024 a estar sometida a un procedimiento de déficit excesivo y tendrá que plantear un plan de consolidación presupuestaria para reconducir ambos desequilibrios. De hecho, y en consonancia con el sentimiento del BCE, y de la propia Comisión Europea, tanto el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, como la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef)  han insistido en la necesidad de un programa drástico de ajuste del gasto público para el próximo gobierno que salga de las urnas.

Entre las propuestas que ha ido desgranando Feijóo a lo largo de la campaña electoral, la más relevante se ha centrado en el impuesto de la renta. El presidente del Partido Popular no sólo aprobará la deflactación de la tarifa estatal del IRPF para las rentas por debajo de los 40.000 euros anuales durante sus primeros 100 días de gobierno, sino que dicha bajada será además aplicada este mismo año, tal y como han confirmado fuentes del partido en exclusiva a OKDIARIO. Esta sería una de sus primeras medidas fiscales estrella en caso de ser investido presidente del Gobierno tras las elecciones generales del próximo 23J.

La propuesta anunciada por el líder popular la semana pasada no concretaba ninguna letra pequeña sobre cuándo o cómo se aplicaría la medida. Sin embargo, fuentes del PP han explicado a este diario que la misma se aprobará durante los primeros 100 días de gobierno, por lo que los españoles podrían ver el efecto de la rebaja fiscal en las retenciones de sus últimas nóminas de este año, disponiendo de un mayor neto desde el primer mes de este 2023 en que finalmente entrara en vigor.

Según el economista jefe de Cemex, Manuel Balmaseda, las intenciones de Feijóo son buenas porque ayudarán a incentivar la economía y tendrán un efecto superior al aparentemente estimado, ya que la rebaja «también afectará al resto de las rentas en sus primeros 40.000 euros, aunque los ingresos anuales de los ciudadanos sean superiores a esa cifra». En todo caso, Balmaseda también es partidario de la prudencia, en el sentido de acompañar esta rebaja fiscal con una reducción del gasto público. «Está muy bien restaurar el poder adquisitivo de los españoles después de varios ejercicios de una inflación asfixiante, pero esta decisión debe ir acompañada de la determinación para acabar con el gasto improductivo».

Las llamadas a la prudencia del BCE son coherentes con su mensaje tradicional de que la política fiscal debe estar alineada con la monetaria. Traducido de manera práctica, esto significa que las cuentas públicas de los gobiernos tienen que estar lo más saneadas posible porque, de lo contrario, el banco central se vería obligado a subir más los tipos de interés y a prolongar en el tiempo el rigor monetario, una estrategia que aunque servirá a medio plazo para doblegar la inflación tiene consecuencias no deseadas como, principalmente, un encarecimiento de la financiación, y en particular de los créditos hipotecarios.

Aunque el BCE no suele pronunciarse oficialmente sobre las políticas de los estados, su vicepresidente, Luis de Guindos, aseguró recientemente que, en el caso de España, «sería necesario un plan de sostenibilidad fiscal, así como medidas para garantizar la unidad de mercado interno, mejorar lo que no funciona en el mercado laboral, así como el sistema educativo, porque hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda».