La Audiencia Nacional emite una orden de búsqueda sobre el magnate Al Hokair por la quiebra de Blanco

La Audiencia Nacional abre las diligencias jurídicas necesarias para proceder a la búsqueda a Fawaz Abdulaziz Al Hokair, principal accionista y presidente del Grupo Alhokair, con el objetivo de que declare en calidad de investigado -antes conocido como imputado- por la caída de Blanco. El directivo saudita está acusado de presunta estafa y alzamiento de bienes en la textil española creada por Bernardo Blanco en los años 60.

Al Hokair fue uno de los altos directivos del fondo de Arabia Saudí que no acudió a los juzgados a recoger sus querellas el pasado mes de noviembre de 2017. Sólo Nuno Ferreira y Gerard Waters se acercaron a la Audiencia Naciona, pero el resto de la cúpula de Global Leiva -Blanco- no pudo ser localizada, una situación que, a tenor de la orden del magistrado Ismael Moreno, sigue en el mismo lugar.

Según se indica en la providencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, que “se libren oficios para conocer el paradero del Sr. Fawaz Absulaziz Al Hokair a los efectos de su declaración en condición de investigado” y añade que “en cuanto al libramiento de los oficios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a fin de establecer el paradero de dicha persona”.

La querella que en su momento presentó la Plataforma de Afectados de Blanco acusaba a los directivos de “insolvencia punible y alzamiento de bienes”, según señalaba. Aunque en la querella inicial el magnate saudí no aparecía, el juez ha tomado la decisión de que Al Hokair debe presentarse en la Audiencia Nacional con el fin de tomarle declaración como investigado.

Tanto Waters como Ferreira declararon ante el juez el pasado mes de febrero, ambos señalaban que “sólo cumplían órdenes” y que no tenían “ningún mando ejecutivo” dentro de la compañía de moda.

Ambos directivos de la cadena de moda respondieron a las preguntas del magistrado Moreno, pero se negaron a responder a las preguntas de los letrados de la acusación particular (Plataforma de Afectados de Blanco representados por Camacho & Máiz Abogados) y basaron su defensa en desvincular a Global Leiva (Blanco) del fondo saudí Alhokair y echaban la culpa de la situación del concurso de acreedores a la “coyuntura económica”.

El conocido y sonado caso Blanco, una de las sociedades textiles más conocidas a nivel nacional, comenzó en el Juzgado Nº 4 de Alcorcón, sin embargo, la bola judicial y delictiva alrededor de la gestión de Global Leiva se hizo tan elevada que la juez Raquel Zuil pidió que la causa se elevara a la Audiencia Nacional.

En su auto de Inhibición, al que tuvo acceso OKDIARIO, la magistrada explica que, a tenor de la documentación aportada por los empleados (parte denunciante), los movimientos financieros de la sociedad “habrían producido una grave repercusión en la economía nacional” e irían en perjuicio de “una generalidad de personas”.

Zuil concluía en su escrito que los directivos, teniendo siempre en cuenta la documentación de la querella de los empleados de Global Leiva, “a priori, concurrirían indicios de presunto delito de alzamiento de bienes, insolvencia punible y presunta estafa, en las operaciones mercantiles de trasmisión del grupo Blanco hasta llegar a la entidad instrumental Global Leiva”.

Finalmente, tras la petición de la magistrada del juzgado madrileño, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno se declaró en el mes de agosto competente para investigar el caso por las consecuencias que el caso Blanco tenía en todo el territorio nacional, así como por la nacionalidad extranjera de algunos de los denunciados.