Así fue el ‘caso Madoff’ de Caja España: una empleada estafó cinco millones

La antigua Caja España, integrada en el grupo Unicaja, vivió su particular caso Madoff entre los años 2000 y 2012. Una empleada de la entidad estafó a familiares y amigos cantidades millonarias elaborando un esquema piramidal que estalló cuando la bola se hizo demasiado grande.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha dado carpetazo al caso condenando también como responsable civil subsidiaria a Unicaja. La sentencia, en la que ha sido ponente la magistrada Carmen Lamela, cuenta con todo detalle el desarrollo y desenlace de la estafa, que recuerda en clave leonesa al multimillonario engaño a inversores que durante años llevó a cabo Bernie Madoff en sus oficinas de Nueva York.

La empleada de Caja España, que trabajaba en la entidad desde mediados de los años ochenta, ideó un sistema a comienzos de siglo para obtener dinero de amigos y parientes, convenciéndoles de que este sería invertido en productos financieros reservados para los altos directivos de la caja, alojados en paraísos fiscales.

La acusada elaboraba documentos sobre las supuestas operaciones en los que empleaba los logotipos del banco, y entregaba a los inversores el dinero en metálico, en sobres, proveniente realmente de las entregas que hacían otros inversores, lo que viene siendo un tradicional esquema Ponzi o piramidal.

Consiguió mantener la operativa durante una década, hasta el año 2011. A finales de ese año se fueron retrasando los pagos y la empleada de Caja España amplió el abanico de los inversores estafados a personas con menos vínculos personales. Cuando no pudo hacer frente a peticiones de reembolso, algunos de los inversores reclamaron a Caja España, descubriéndose entonces un pastel que se había estado cocinando durante diez años, hasta alcanzar un tamaño de más de cinco millones de euros.

Al igual que en el caso Madoff, el de la empleada de Caja España -condenada a siete años de prisión- ha dejado un reguero de víctimas. Algunos de los afectados han fallecido durante la instrucción del caso sin haber podido recuperar sus ahorros -el procedimiento judicial ha durado más de ocho años-.

Los familiares directos de la trabajadora de la entidad, su marido y su hijo, también han sufrido las consecuencias, habiendo sido señalados al lucrarse indirectamente de la estafa. La Guardia Civil descubrió que el hijo, con 23 años, sin actividad laboral ni ingresos, había recibido de sus padres una casa en un pueblo de León, hipotecada por valor de 241.000 euros; un Audi A7 (95.000 euros); un quad Bombardier (15.000 euros); o ingresos en una cuenta bancaria por importe de 115.330 euros.

También Unicaja se considera víctima del caso. El banco, con el que ha contactado este diario, se hizo con Ceiss -la entidad que agrupó a Caja Duero y Caja España- en 2014. A pesar de no tener ninguna responsabilidad con la estafa, Unicaja tendrá que asumir la responsabilidad civil decretada contra la entidad en la que trabajaba la condenada.

Los jueces sostienen que Caja España no mostró la debida diligencia, se preguntan como fue posible que durante diez años pasara desapercibida la estafa perpetrada.

«Se ha podido constatar que los sistemas de control interno de la empresa o no existían o desde luego fueron ineficientes al no detectar durante diez años la actuación llevada a cabo», dicen. «Resulta sorprendente que la acusada en tan larga extensión temporal hiciera uso de los medios materiales de la entidad para desarrollar su actividad delictiva, utilizando los medios informáticos para conocer la situación bancaria de los afectados (…) sin que saltase ninguna alarma en la entidad y sin que nadie advirtiera su ilícito proceder», concluyen.