La aprobación de la ley de la vivienda irrita al sector inmobiliario que avisa de un nuevo mercado negro

Los peores pronósticos del sector inmobiliario se han cumplido esta semana con la aprobación definitiva de una ley de vivienda que promotores, economistas, agentes de la propiedad, portales y grandes caseros consideran que generará un nuevo mercado negro del alquiler en España.

Los operadores y empresarios del sector se mueven entre el descontento, el enfado y la preocupación por las medidas intervencionistas de un texto que levanta ampollas y que reciben como un agravio, justo cuando creen que empezaban a despojarse socialmente del estigma de la burbuja.

«Vemos que sólo pronunciar nuestro apellido causa repelús a los partidos de izquierda que tienen declarada la guerra a la propiedad privada», lamentaba hace pocos días el presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, Gerard Duelo, que ve esta ley como una «moneda de cambio político».

Representante de unos 10.000 agentes inmobiliarios, de ellos unos 8.000 en Cataluña, Duelo no ha conseguido que el texto regule esta actividad y se queja de que el Gobierno ni siquiera le diera la oportunidad de hablar, en las conversaciones que mantuvieron, sobre los honorarios que cobran las agencias, que a partir de ahora correrán siempre a cargo del arrendador.

«Era una línea roja», apunta uno de sus asesores jurídicos y secretario de Vivienda de la Generalitat de Cataluña con Artur Mas y Carles Puigdemont, Carles Sala, que ha vaticinado que la ley de vivienda mutará según el ciclo electoral y será el «nuevo juguete legislativo de los próximos gobiernos, como lo fue la ley de educación».

Mercado negro

La limitación de los precios de alquiler que permite la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda a comunidades y ayuntamientos es la medida que más rechazo suscita en el sector, donde es unánime el convencimiento de que llevará a los arrendadores a vender sus viviendas o a pasarlas al alquiler turístico, al de temporada o al de habitaciones, en busca de mayor rentabilidad y seguridad.

Con ello -dicen- la oferta caerá estrepitosamente y proliferará el mercado negro, como aseguran que han demostrado los precedentes de París y Berlín.

El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, hablaba esta semana incluso de «colas» para alquilar un piso: «Cuando impones un precio inferior al de mercado vas a tener un exceso de demanda y, por lo tanto, vas a tener colas. Colas o pagos en negro o discriminación a la gente que no le gusta al arrendador».

El catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra y Premio Rey Jaime I de Economía, José García Montalvo, destacaba en el mismo coloquio que en Suecia, donde el precio del alquiler está regulado, ya existen estas «colas desde hace años y pagos en negro para adelantar en la cola y moverse dentro de la cola».

Fuga de arrendadores

Desde la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) aseguran que las agencias que trabajan con pequeños propietarios ya están notando esa fuga de arrendadores de vivienda habitual hacia otras modalidades de alquiler o hacia la venta, especialmente en las grandes ciudades.

En su propósito de proteger a los inquilinos vulnerables, la ley alarga los procedimientos de desocupación por impago, con mayores trámites y más costes para los arrendadores, lo que representa otro motivo disuasorio para los propietarios.

Otro de los expertos del sector, el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, ha advertido de que el texto tendrá más «efectos indeseados», como la desaparición de inmobiliarias y el aumento de las desigualdades sociales y económicas entre comunidades autónomas e inquilinos.

«Se producirán desigualdades sociales y económicas entre las comunidades que quieran aplicar o no la ley, y dentro de estas, guetos para acceder a un alquiler en una de las llamadas zonas tensionadas, y habrá desigualdades territoriales porque los inversores y promotores querrán dirigir sus inversiones hacia las regiones que no apliquen la ley o hacia aquellas zonas que no se declaren tensionadas», argumenta.