La Audiencia Nacional condena a una de las mayores redes ilegales de piratería audiovisual con más de 43 millones

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia contra una de las mayores redes ilegales de IPTV por delitos contra el mercado y los consumidores, la propiedad intelectual y blanqueo de capitales, fijando una de las mayores indemnizaciones de la historia de España por el delito contra la propiedad intelectual.

El caso, abierto años atrás tras una denuncia inicial de Nagravision, fue impulsado gracias a la denuncia y posterior ampliación de LALIGA, quien aportó pruebas de compra determinantes para la comprobación de los hechos, sumándose luego al procedimiento judicial múltiples empresas en la condición de acusaciones particulares, como Movistar Plus+, Mediapro, o Egeda, resolviéndose finalmente con la conformidad de los acusados con la acusación conjunta ejercitada por el Ministerio Fiscal y el resto de acusaciones particulares.

La investigación fue desarrollada principalmente por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Dirección General de la Policía, así como por el Grupo de Propiedad Intelectual, de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), con el apoyo de Europol y Eurojust en la coordinación internacional.

La sentencia fija una indemnización de 12 millones de euros para las empresas perjudicadas y más de 30 millones en concepto de multas por blanqueo de capitales. La red, dirigida por el famoso ‘Dash, el iraní’, operaba a través de canales como rapidiptv.com, rapidiptv.net o iptvstack.com, distribuyendo ilegalmente retransmisiones de fútbol, películas y series, incluidos los contenidos de LALIGA, a más de dos millones de personas desde servidores divididos en 13 países a lo largo de tres continentes.

Para blanquear ese dinero, la organización recurrió a pasarelas de pago, exchanges de criptomonedas, empresas pantalla y facturas falsas. Entre las operaciones identificadas figuran la construcción de un edificio de viviendas en Irán, la compra de un inmueble en Barcelona valorado en 1,7 millones y la adquisición de dos vehículos de alta gama por 400.000 euros. El acuerdo incluye el decomiso de todos los bienes y fondos intervenidos y la clausura definitiva de los dominios.

Javier Tebas, presidente de LALIGA, detalló que “el fraude audiovisual es una lacra que amenaza la supervivencia de una industria fundamental para la economía europea, como es el deporte en vivo. Nos enorgullece esta sanción ejemplar, que demuestra que hay que luchar con contundencia contra la piratería a todos los niveles, especialmente hacia las organizaciones y mafias que hay detrás.”

Este resultado demuestra la relevancia de la estrategia global antipiratería de LALIGA, la cual para la temporada 2024/25 logró reducir un 60% el consumo de piratería en España. Un conjunto de acciones que, más allá de las propiamente judiciales y operativas con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluye otros pilares como el educativo, el institucional y el tecnológico.

La red criminal contaba con más de 2 millones de usuarios y miles de canales a lo largo de tres continentes, entre ellos IPTVStack o RapidIPTV, con los que obtuvo ingresos de hasta 17 millones de euros.