Anticorrupción pide investigar el papel de Saracho y Ron en la quiebra del Popular

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Antigua sede de Banco Popular.

La Fiscalía Anticorrupción se ha dirigido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instándole a que admita a trámite las querellas presentadas contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho y sus consejos de administración, por la quiebra de la entidad.

En total, se han presentado una treintena de querellas por la liquidación del banco, intervenido el pasado 7 junio y posteriormente vendido al Santander al precio de un euro.

La operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Única de Resolución y ejecutada por el FROB, implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en Bolsa.

Según fuentes jurídicas, si bien es partidaria de investigar a las antiguas cúpulas del banco, Anticorrupción no ve necesario incluir en las diligencias a los organismos supervisores, el Banco de España y la Comisión Nacional del Merado de Valores (CNMV).

Esta misma semana, los afectados por la decisión del Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (Frob) de proceder a la intervención y resolución del Banco Popular  señalaban a OKIDIARIO que el retraso en la publicación del auto de admisión del juez de la Audiencia Nacional "no es normal" y señalaban, además, que Deloitte debería hacer público el informe definitivo de valoración.

Felipe Izquierdo, abogado que presentó el pasado 9 de junio junto a la OCU una querella contra la cúpula del Popular., afirmaba "no entender" tanto retraso. "No recuerdo ningún caso últimamente en el que el auto de admisión tarde tanto. No sé si es para darle espacio al Santander para recoger a toda la gente de la ampliación", concluía.

Los abogados de los afectados esperan que la auditora Deloitte entregue a la Junta Única de Resolución (JUR) el informe definitivo de valoración de la entidad financiera. Sin embargo, según ha podido saber OKDIARIO el organismo europeo no ha solicitado a la firma de servicios profesionales que haga este informe y da por concluido por ahora el trabajo de Deloitte con la entrega de la valoración provisional que le sirvió para justificar la intervención del banco español que presidía Emilio Saracho.

Estos pleitos se suman a los recursos contencioso administrativos interpuestos contra el papel de la Junta Única de Resolución (JUR) y el FROB, encargado de ejecutar la operación.

El fondo de inversión estadounidense Pimco y otras cuatro firmas inversoras -Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital- presentaron el 7 de septiembre un recurso contencioso administrativo contra el FROB por su papel en la resolución y venta del Popular, que en conjunto les costó 850 millones de euros.

Asimismo, el grupo chileno Luksic, cuya participación en el Popular -que pasó de 113 millones de euros a cero– alcanzaba un 3,45 %, también presentó un recurso contencioso-administrativo contra el FROB, y ayer hizo lo mismo contra la JUR y la Comisión Europea (CE) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por su parte, el que fuera el principal accionista individual en el Popular, el mexicano Antonio del Valle, que poseía un 4,2 % del capital del banco y que ha perdido 550 millones de euros, ya presentó su denuncia a la JUR.

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