El BCE sólo publicará el informe de Deloitte que justificó la caída del Popular si se lo ordena un juez

El Banco Central Europeo (BCE) y el resto de instituciones comunitarias que participaron en la intervención del Banco Popular (entre las que destaca la Junta Única de Resolución) no van a hacer público «bajo ningún concepto» el informe encargado a Deloitte y que valoraba la entidad financiera en 1.300 millones de euros en un escenario favorable. La única posibilidad de que el citado informe llegue a la opinión pública es que sea requerido por mandato judicial.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas comunitarias a OKDIARIO, que consideran que existen “pocas posibilidades” de que el Tribunal Superior de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, atienda a las demandas de los afectados por la resolución del Popular y obligue a las autoridades monetarias y a organismos independientes como la JUR a publicar el polémico informe que es determinante para saber si el banco era viable en términos de solvencia o solo atravesaba una crisis de liquidez puntual, como defendieron las instituciones españolas.

Las fuentes consultadas han confirmado a este diario que el citado informe de Deloitte contemplaba tres valoraciones para el Banco Popular: una pesimista que atribuía un agujero de 8.200 millones de euros al balance de la entidad, otro neutro con una tasación de 2.000 millones negativos y un tercero favorable en el que el banco valdría 1.300 millones de euros.

El problema surgió cuando las autoridades europeas hicieron públicas las conclusiones del citado informe de auditoría ocultando la valoración favorable y sólo haciendo referencia a la de los otros dos escenarios (el pesimista y el neutro).  En aquel momento (primera semana de junio) ni el BCE ni la JUR concretaron la empresa que había hecho los cálculos (Deloitte) y posteriormente se escudaron en el reglamento del Mecanismo Único de Resolución para no hacer público el informe.

La importancia de esta valoración de 1.500 millones en un escenario favorable cuestiona todo el proceso de intervención del Banco Popular. Hay que recordar que la operación de resolución de la entidad fue decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Única de Resolución y ejecutada por el FROB e implicó la reducción a cero del capital social del banco y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en Bolsa.

Los abogados que han recurrido la intervención ante las autoridades comunitarias y españolas consideran que el BCE y la JUR violó el mandato legal de incluir el informe justificante de la valoración en la resolución del Popular.

“¿Cuánto valdría el banco si se hubiera optado por un mecanismo de insolvencia ordinario? Parece difícil de pensar que la valoración fuera cero cuando sólo en ladrillo el Popular tenía 30.000 millones de euros en activos el año pasado, incluido el 9,2% de Metrovacesa”, señala Juan Ignacio Navas, socio director de Navas & Cusi. Este despacho solicita la nulidad de la intervención y, siguiendo lo marcado en el reglamento del Mecanismo Único de Resolución (MUR), reclama una valoración ex post de la entidad financiera para completar la realizada por Deloitte.

Por su parte, la OCU y el abogado Felipe Izquierdo han presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional instando al juez Fernando Andreu a que reclame a Europa el informe de la consultora Deloitte sobre la entidad, tal como avanzó OKDIARIO el pasado 13 de julio.

Los querellantes afirman que la decisión de la presidenta de la JUR, Elena König, respaldada por el BCE, de mantener el informe en secreto alegando que incluye “información confidencial”, atenta contra los ” derechos fundamentales de los más de 350.000 afectados por la expropiación y expolio a la que se vieron sometidos la noche del 6 de junio” cuando las acciones del Popular pasaron a valer cero euros.

Fuentes del sector auditoría consultadas por OKDIARIO dejan claro que Deloitte no hará público el informe, aunque sea la primer interesada en que su trabajo sea transparente y no haya dudas sobre la profesionalidad de los técnicos que elaboraron el polémico documento. “Si la decisión estuviera en manos de Deloitte el informe ya sería público, pero no es a la firma a quien corresponde difundirlo, ya que se ha realizado para un cliente [la JUR] y debe respetar la confidencialidad que va ligada al contrato”, señalan las fuentes consultadas.