Aluvión de críticas de los funcionarios a los planes de ceder la caja única de las pensiones al País Vasco

La Asociación de Inspectores Médicos de la Seguridad Social APROMESS se suma a las Asociaciones de Letrados de la Seguridad Social y la de Inspectores de Trabajo de la Seguridad Social para defender la caja única de la Seguridad Social. Los funcionarios se oponen frontalmente a los planes del Gobierno de ceder la gestión de la Tesorería de la Seguridad Social al País Vasco.

Los inspectores médicos, en un comunicado remitido a este periódico por su presidente José Manuel Vicente Pardo, aseguran que “la gestión de la Seguridad Social debe seguir dentro de las competencias del Estado para garantizar los principios de calidad y eficiencia de la prestación del servicio a los ciudadanos, la unidad de función y actuación inspectora y la concepción única e integral del sistema”.

Explican que el posible traspaso de la gestión de la Seguridad Social  «abocaría, irremediablemente, al comienzo de la ruptura de la solidaridad del Sistema y de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional» y que «una decisión de este calado debiera de  someterse a estudio consensuado».

Según este colectivo la cesión de la gestión de la Seguridad Social “afectaría de lleno a las previsiones del artículo 149.1.17 de la Constitución Española, que otorga la competencia al Estado sobre la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad Social».

Estos funcionarios avisan que la transferencia de la gestión de la Seguridad Social  «quebranta la esencia de nuestro Sistema de Previsión Social que se define por un principio básico de solidaridad financiera garantizado por la Administración de la Seguridad Social, que supone que ésta se reserve la ‘disponibilidad directa sobre los fondos propios’ que son intransferibles en cuanto a las facultades de gestión o ejecución de los fondos de la Seguridad Social destinados a sus servicios o prestaciones»

E insisten: el posible traspaso de la gestión de la Seguridad Social  “rompe con el principio de igualdad de todos los españoles y la propia caja única que se verían afectados como consecuencia del proceso de transferencia que se pretende iniciar”.

Otras críticas

Los primeros que reaccionaros fueron los Letrados de la Seguridad Social, criticando, como avanzó OKDIARIO, que la decisión se tomase sin la «indispensable» intervención del Pacto de Toledo y avisó de que la «caja única» podría verse afectada como consecuencia del proceso de transferencias, así como «la igualdad de todos los españoles».

Los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social también alertaban de que dar transferencias a las comunidades autónomas de la gestión económica de la Seguridad Social sería el comienzo de la ruptura del principio de caja única del sistema. Advierten de que romper la caja única de las pensiones abocaría, «irremediablemente», a la ruptura de la solidaridad del sistema de igualdad de todos los españoles en materia prestacional.

Quiebra sin la caja única de la Seguridad Social del País Vasco

El sistema de pensiones del País Vasco estaría en quiebra sin la caja única de la Seguridad Social. Esta conclusión se puede extraer de las cuentas regionalizadas que elabora el Gobierno sobre el principal pilar del Estado del Bienestar.

Hasta noviembre de 2019, últimos datos disponibles, el gasto en pensiones contributivas en el País Vasco asciende a 8.094 millones de euros, a lo que había que sumar 397 millones de las prestaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad y otros subsidios. En total, el gasto en los primeros once meses del año ascendió a 8.491 millones de euros.

Sin embargo, los ingresos ascienden tan sólo a 5.093 millones de euros, lo que significa que sin el resto del Estado las pensiones vascas tendrían un déficit de casi 3.400 millones de euros. La mayor parte de la recaudación proviene de las cotizaciones sociales, que las pagan los empleados y los empresarios.

Es decir, que el déficit de la Seguridad Social vasca sin la caja única de la Seguridad Social sería de más del 4,5% del PIB hasta noviembre de 2019, a la espera de los datos definitivos de crecimiento del año 2019 y del cierre de la ejecución presupuestaria del año pasado.