Los letrados de la Seguridad Social contra la cesión de las pensiones al PNV: «Rompe la solidaridad»

Los técnicos que mejor conocen la Seguridad Social acaban de poner el grito en el cielo tras conocer la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de ceder al PNV el control de las pensiones vascas. Se trata del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, un colectivo que acaba de elaborar un comunicado alertando al Gobierno de que la medida pone en peligro la solidaridad e igualdad del sistemas de pensiones en su conjunto y tan sólo responde a criterios políticos.

«Ante el anuncio del acuerdo relativo a la transferencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco de competencias que afectan al régimen económico de la Seguridad Social así como la fijación de un calendario concreto para las mismas, la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, desde la responsabilidad que le es exigible como Cuerpo especializado en el asesoramiento y asistencia jurídica en materia de Seguridad Social, quiere efectuar las siguientes consideraciones”, señala este colectivo en el comienzo del comunicado.

Bajo este epígrafe, los letrados de la Seguridad Social explican, en primer lugar, que se trata de «una decisión adoptada sin la indispensable intervención del Pacto de Toledo, foro de consenso político y social en el ámbito de la Seguridad Social constituido en el seno del Congreso de los Diputados con el objetivo primordial de garantizar el sistema de protección social público».

Añaden que «una decisión de esta trascendencia afecta de lleno a las previsiones del artículo 149.1.17 de la CE que otorga la competencia exclusiva al Estado sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social».

La esencia de nuestro Sistema de previsión social – aseguran los letrados de la Seguridad Social- se define por un principio básico de solidaridad financiera garantizado por la Administración de la Seguridad Social, que supone que ésta se reserve la «disponibilidad directa sobre los fondos propios», que son intransferibles en cuanto a «las facultades de gestión o ejecución de los fondos de la Seguridad Social destinados a sus servicios o prestaciones», so pena de vaciar de contenido el referido principio.

Inconstitucional

Los letrados añaden que el Tribunal Constitucional ha señalado ya que «del art. 149.1.17 de la Constitución no puede extraerse la apresurada conclusión de que en materia de régimen económico de Seguridad Social el Estado retenga sólo potestades normativas».

Por el contrario, afirman que «el designio perseguido con el acantonamiento del régimen económico dentro de la competencia exclusiva del Estado no ha sido otro, con toda claridad, que el de preservar la unidad del sistema español de Seguridad Social y el mantenimiento de un régimen público, es decir, único y unitario de Seguridad Social para todos los ciudadanos (art. 41 de la Constitución), que garantice al tiempo la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social (art. 149.1.1.a de la Constitución)».

Por todo ello, los letrados la Seguridad Social advierten de que todo “lo anterior exige, ineludiblemente, que la gestión en el reconocimiento de prestaciones y demás actos instrumentales de Seguridad Social quede sometida a criterios de gestión únicos y unitarios en todo el territorio nacional, que se adoptan bajo los principios de sostenibilidad, solidaridad financiera y caja única». «Lo contrario -disponer de la facultad de reconocer las pensiones y resto de prestaciones (jubilaciones, Incapacidades, subsidios…) sin someterse a criterios de gestión unificados para todo el territorio nacional-, abocaría, irremediablemente, al comienzo de la ruptura de la solidaridad del Sistema y de la igualdad de todos los españoles en materia prestacional», advierten estos funcionarios en el comunicado.

En peligro la ‘caja única’

«No solo la igualdad de todos los españoles sino la propia ‘caja única’ se puede ver afectada como consecuencia del proceso de transferencias que se pretende iniciar», opina el colectivo.

Por todo ello, la asociación de los letrados de la Seguridad Social considera en su carta que, al margen de cuestiones políticas, «el proceso de transferencias debe abordarse con el imprescindible consenso de todos los ámbitos de responsabilidad implicados (políticos, sociales, y técnicos) que solo cabe encontrar en el seno del Pacto de Toledo pues no se puede olvidar el objetivo imprescindible de preservar nuestro sistema de Seguridad Social, uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de derecho”.

A juicio de este cuerpo de altos funcionarios, «más que nunca, se hace necesaria una reflexión desde la máxima responsabilidad de todas las partes implicadas pues nos enfrentamos a uno de los mayores retos de la etapa democrática, que afecta de lleno a nuestro Estado de bienestar, como es la configuración del Sistema Público de Seguridad Social, en el marco de los actuales Reglamentos de la Unión Europea y de la Constitución Española».

El colectivo eleva su grito de alerta a otros cuerpos de la Administración: “También, más que nunca, la actual coyuntura invita a que los funcionarios de todos los Cuerpos y Escalas de la Administración de la Seguridad Social tomen partido, con responsabilidad, en esta situación. Esta Asociación reafirma su compromiso con el mantenimiento, defensa y fortalecimiento de los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad de nuestro sistema que permiten garantizar un modelo sostenible y no discriminatorio de Seguridad Social”.