La acusación sobre el heredero de Samsung pone contra las cuerdas el futuro del gigante tecnológico
El presidente de Samsung, Lee Jae-yong, detenido desde el pasado 17 de febrero, será juzgado por sobornos en el caso de la “Rasputina”, aunque de momento se desconoce la fecha en la que se celebrará el juicio. Además, estos malos tiempos del heredero coinciden con la decisión del gigante surcoreano de remodelar su cúpula, una medida que haría cambiar las reglas del juego en las grandes compañías asiáticas donde el respeto a los líderes legítimos lo llevan a rajatabla.
Jae Yong ha sido acusado, junto con otros tres ejecutivos de la compañía, se corrupción, malversación y alzamiento de bienes en el extranjero tras su procesamiento por los tribunales de Corea del Sur. Unas acusaciones que se enmarcan dentro de la conocida ‘Operación Rasputina’ o ‘ChaoGate’, una trama de corrupción que ya se ha llevado por delante a la presidenta del país surcoreano, Park Geun-Hye. Las autoridades creen que la mandataria, pudo influir haciendo uso de poder en la fusión entre Samsung C&T y Cheil Industries.
El vicepresidente de Samsung e hijo del presidente del grupo, Lee Jae-Yong está acusado de haber pagado cerca de 40 millones de dólares en sobornos a la confidente de Park para lograr favores políticos. Tras el arresto, Samsung emitió un cauteloso comunicado afirmando que la compañía hará “todo lo posible para asegurar que la verdad sea revelada en los futuros procesos judiciales”.
Samsung donó 38 millones de dólares a la ‘Rasputina’
El escándalo de corrupción gira en torno a Choi Soon-Sil, confidente de Park Geun-Hye, que está siendo juzgada por haber utilizado su relación con la presidenta destituida para obligar a grandes conglomerados surcoreanos a pagar millones de dólares a sus dos fundaciones privadas que supuestamente tenían fines caritativos, pero cuyos fondos aprovechaba a título personal.
Samsung fue el más generoso de esos conglomerados, donando 17 millones de dólares a las fundaciones de Choi y ordenando un giro de millones de euros para financiar entrenamientos en Alemania para jinetes surcoreanos, entre los que se encontraba la hija de la confidente. Lee y otros responsables de Samsung han admitido haber abonado unos 38 millones de dólares a entidades supuestamente controladas por Choi, pero niegan cualquier irregularidad y que recibieran trato de favor por ello.
La Fiscalía, que finalmente ha decidido actuar, no procedió a un arresto inmediato del líder de Samsung. Las autoridades querían sopesar la decisión teniendo en cuenta que podría ser un buen golpe, no solo para Samsung, sino también para la economía del país asiático. Los Lee forman parte de las diez familias que catapultaron la economía surcoreana tras la guerra con Corea del Norte.
Renovar la cúpula para limpiar su imagen
Poco después de conocerse la decisión de la fiscalía, el conglomerado Samsung anunció el desmantelamiento de su llamada oficina estratégica de futuro, su «torre de control» donde se tomaban decisiones como las inversiones en nuevos sectores o los planes de negocios a largo plazo. La firma aspira a limpiar su imagen al despojarse de este órgano directamente conectado con la trama de la «Rasputina», aunque al mismo tiempo se verá obligada a descentralizar sus operaciones y a remodelar las juntas cada una de sus ramas.
El propio Lee, quien tenía la última palabra en las decisiones estratégicas de la empresa aunque no presidía oficialmente este órgano porque su padre aún sigue con vida, manifestó su intención de suprimirla durante una comparecencia ante el Parlamento surcoreano. De momento, las nuevas decisiones con respecto a la cúpula directiva de Samsung han caído en gracia entre los inversores de la Bolsa de Seúl y el valor ha avanzado un 1% en el día de hoy.
Además de generar un vacío temporal de poder en el grupo Samsung, que representa un quinto de la economía nacional, el escándalo ha reavivado el recelo en la sociedad surcoreana sobre los «chaebol» (grandes conglomerados empresariales), debido al carácter hereditario de sus altos cargos y sus vínculos con el poder.
El grupo surcoreano tiene en su haber empresas dedicadas a electrónica, construcción o la maquinaria pesada y acumula un tercio del valor de la Bolsa de Seúl y representa una quinta parte del PIB de su país. “El equipo de investigación ha concluido que hacer justicia era más importante que el posible impacto que (la detención) podría tener en la economía nacional”, ha declarado el portavoz del grupo de fiscales, Lee Kyu-chul.
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