La Comisión Delegada de Pedro Sánchez acepta ya una subida de impuestos de 8.000 millones

La Comisión Delegada del Gobierno de Pedro Sánchez comandada por la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha tomado ya la primera decisión: una subida de impuestos de 8.000 millones de euros.

Es la primera reunión que ha celebrado este órgano consultivo y en la que se han puesto sobre la mesa temas de calado.  El resultado es visible: Europa pide ajustes adicionales en el presupuesto español por valor de casi 15.000 millones, y España no puede ponerse de costado ante semejante requerimiento. Por ello, el organismo técnico ha dado ya su visto bueno al inicio de los trabajos para realizar una subida de impuestos total por valor de 8.000 millones de euros.

Las cifras encajan en esta primera fase con el plan inicial de Pedro Sánchez. Y es que el documento de partida del PSOE, elaborado por Manuel Escudero y publicado por OKDIARIO, hablaba ya de un aumento de impuestos cercano a los 7.000 millones de euros por año. Hasta la cifra de 8.000 millones se debía llegar por un incremento de la presión inspectora de la Agencia Tributaria.

Pese a ello, es evidente que sigue habiendo un salto de casi 7.000 millones hasta alcanzar el nivel de ajuste reclamado por Bruselas. Según la discusión mantenida en esa Comisión Delegada, el resto se debería lograr por el avance de recaudación generado por la propia actividad económica. Es decir, que, en el fondo, se mantiene en una variable. O, lo que es lo mismo, que en caso de que no se cumpla ese incremento extra por vía natural, habría que dar paso a subidas mayores de impuestos.

Por el momento ya se conoce el plan de subida fiscal del diésel. Una medida que superará los 2.000 millones extra de recaudación. Pero falta todo el resto del paquete. Y ahí hay que recordar que el Gobierno planeaba desde hace meses y en aquel documento inicial una subida fiscal a los carburantes, más calefacción y energía porque “no afecta a los trabajadores”, tal y como afirmaba en el texto de explicación.

Ese documento recoge, de este modo, todo un nuevo catálogo de lo que denominan impuestos medioambientales. Tributos que repercutirán sobre el coste total que soportan los conductores por los carburantes o, simplemente, por la energía o la calefacción.

“El mercado de productos que contaminan (en especial la energía) no recoge en los precios el efecto externo negativo que la contaminación supone para la sociedad”, afirman los socialistas. “La fiscalidad puede y debe resolver el ‘fallo de mercado’, siempre que los impuestos ambientales recojan estrictamente el coste ambiental en que se incurre”, añade.

La consecuencia: “Se plantea la posibilidad de afrontar una reforma de la fiscalidad ambiental con un triple objetivo: Avanzar en la transición energética desde el punto de vista de la emisión de gases efecto invernadero y nocivos para la salud. Mejorar el sistema fiscal, minimizando ineficiencias en la asignación de los recursos y sin merma de su progresividad, ya que parte de la recaudación debe destinarse a la entrega de ayudas directas a los ciudadanos con menor renta. Proporcionar los ingresos necesarios para financiar las energías renovables fuera de la tarifa eléctrica. Para ello, se podría utilizar el actual Fondo Nacional de Eficiencia Energética creado por el Real Decreto-Ley 8/2014 y gestionado por el IDAE, que pasaría a denominarse Fondo Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética”.

Impuestos ambientales

El resultado de “la reforma, en su primera fase, girará en torno a la creación de varios impuestos ambientales en torno a las actividades energéticas: generación eléctrica, por un lado, y sectores difusos (transporte y calefacción), por otro”.

“En el primer caso (generación eléctrica) habrá un primer impuesto que gravará las emisiones de CO2 por el daño causado por las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones de generación de electricidad con la finalidad de llegar a un precio objetivo de 20€ por tonelada de CO2 en el que la compra de derechos de emisión en subastas será deducible. Habrá además un segundo impuesto que gravará el resto de los daños ambientales asociados a cada tecnología de generación (emisiones de SOx, NOx, ruidos, vertidos, etc.)”, afirma.

El PSOE sumará, además, un nuevo castigo fiscal a través de los “impuestos sobre consumos específicos”. Calefacción, alcohol, tabaco e hidrocarburos serán penalizados con alzas fiscales. El documento del PSOE al que ha tenido acceso OKDIARIO señala las medidas concretas. “En primer lugar, la actualización de los impuestos específicos del alcohol y tabaco —no proporcionales— para evitar su pérdida progresiva de potencia recaudatoria, por el efecto de la inflación”.

Según el PSOE, esa subida “no es otra cosa que aproximar tales impuestos a la media existente en la Unión Europea, con una recaudación esperada de 300 millones anuales, realizándolo de forma escalonada”, pero ellos mismos reconocen “que la medida puede proporcionar una recaudación total de 600 millones de euros” a medio plazo.

En segundo lugar, los socialistas pretenden “la equiparación entre los tipos de gravamen que soporta el gasóleo de automoción y la gasolina (sin afectar al gasóleo bonificado para transportistas y agricultores)”. El PSOE explica acto seguido que “se pretende, simplemente, revertir una medida que se adoptó hace años en la creencia de que el diésel era menos contaminante que la gasolina, ya que emitía menos CO2”. La decisión podría castigar a todos los contribuyentes con coches diesel, muchos de los cuales fueron adquiridos por su menor consumo y, por lo tanto, una buena parte de ellos no fueron comprados por lujo, sino por ahorro y por rentas medias y bajas.

“Esta medida proporcionaría una recaudación adicional de 2.140 millones de euros si se pasase de una vez los 30,70 céntimos por litro actual de impuesto del gasóleo de automoción a los 40,25 céntimos por litro con los que se grava la gasolina, pero aplicada de forma escalonada permite obtener, cada año —y, por tanto, en 2018—, una cifra aproximada de 600 millones de euros”, aclara el texto.

Finalmente, “deben implantarse otros impuestos que contribuyan a evitar otros consumos nocivos para la salud”, afirma el PSOE. Entre ellos incluye “desde luego, el impuesto sobre bebidas azucaradas, que aportaría una recaudación de 200 millones de euros y que fue anunciado por el propio Gobierno, pero no implantado. Pero debería ser complementado con otros impuestos que graven otros alimentos nocivos para la salud, como aquéllos con un alto contenido de azúcar o grasas perjudiciales (como los que contienen ácidos grasos trans)”.

Y todo ello, además, de medidas sobre rentas medias altas y altas y sobre el patrimonio.